El proyecto de indulto general por razones humanitarias a los llamados presos del estallido inició su discusión en la Comisión de Constitución del Senado, tras ser aprobado en las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Pública.
Ante esto, desde el Gobierno el ministro de Justicia, Hernán Larraín, apuntó que la iniciativa no se trata de un indulto, sino de una "aministía disfrazada".
"Aquí se está dando una amnistía a personas que están en proceso, pero con las consecuencias no del indulto, sino que también de la amnistía para que borren todos los efectos legales que sufran de esa definición. Esto no es un indulto, estimados senadores y senadoras, como ustedes bien lo saben, es una amnistía disfrazada", cuestionó.
A su vez, el titular del Interior, Rodrigo Delgado, aseguró que con la eventual aprobación de este proyecto se estará "avalando la violencia y el delito".
"Estamos ante un proyecto que no sólo estará avalando la violencia y el delito como forma de hacer política, sino que también dando una señal a todo el país de que emplear la violencia y delinquir por motivos políticos se perdona", planteó.
LATORRE: EL PROYECTO NO HABLA DE PRESOS POLÍTICOS
El senador Juan Ignacio Latorre (RD) aclaró que el texto no habla de "presos políticos", como algunos sectores han denominado a las personas procesadas en tribunales, pero sí habla de "persecución".
"En este proyecto de ley no hablamos explícitamente de 'presos políticos', en ninguna parte, ni en su argumentación, ni en su articulado hablamos de eso -aseguró- Esa es unan discusión social, conceptual, académica, hay jueces de la República que plantean que en Chile hay presos políticos, es una discusión abierta en democracia, y cómo se entiende la prisión política".
"De lo que sí hablamos es que hay una persecución o un uso de herramientas del derecho penal", cerró el senador.
Por su parte, el senador Francisco Huenchumilla (DC) pidió a la mesa de la Cámara Alta que exista un sentido político para que el proyecto se tramita con la máxima celeridad, enmarcado asimismo en que desde la Convención Constitucional algunos han insistido en este punto.
"Como país tenemos un problema político que se manifiesta en que, paralelamente, en un organismo creado por la Constitución, como lo es la Convención, algunos de sus miembros estén planteando esto como un problema político. Entonces, nosotros tenemos que tener una respuesta política, más allá de lo jurídico", dijo el legislador falangista.
"Si nosotros nos retrasamos y estudiamos esto como si no pasara nada, como si fuera toda una normalidad y como si fuera un proyecto común y corriente más, a lo mejor no estamos percibiendo de que tenemos una obligación de dar una respuesta", advirtió.
