Luego que este martes fuera aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la Ley General de Aguas, y que entre otras cosas le otorga a este recurso el carácter de bien nacional de uso público, los empresarios se lanzaron en picada contra este cambio normativo.
El presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, afirmó que "el agua es un derecho que tienen las empresas y hay efectos muy fuertes, por ejemplo, las garantías que tienen los bancos. Genera una situación muy precaria a las empresas agrícolas si esto pasa a poder perderse o relativizarse un derecho que hoy existe constitucionalmente".
"La posición que tienen la SNA y los gremios que pertenecen a Sofofa es que, evidentemente, se espera que en el Senado esto cambie y se vuelva a una cosa mucho más prudente", añadió el dirigente empresarial.
Este es el mayor cambio normativo en 30 años a la Ley General de Aguas y a las críticas también se sumó la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), desde donde acusan una expropiación encubierta.
El presidente de la SNA, Patricio Crespo, comentó que este cambio es "lamentable y se termina haciendo un show y engañando a la opinión pública. Es un proyecto que es inconstitucional y lo que ha buscado es, sobre la base de redacciones engañosas, hacer creer que los derechos vigentes no cambian. Aquí no hay que ser muy vivo para darse cuenta".
Desde los movimientos ambientalistas, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, expresó que "con esto se está afectando intereses económicos y la sobrerreacción que están teniendo estos sectores, por los privilegios que han sostenido durante todo este tiempo, desde la reforma del 81 en adelante, está afectando sus intereses".
La Ley de Aguas de 1981 entrega los derechos a los privados a perpetuidad de forma gratuita e incluso con carácter heredable, y eso ahora se regula, priorizando el consumo humano y, a lo máximo, se entregarán estos permisos por 30 años, siendo prorrogables sólo si son utilizados efectivamente.
