"Nos podemos sentir orgullosos", señaló el ministro del Interior, Mario Fernández.
El líder de los empleados fiscales señaló que la labor del organismo es "un hecho positivo".
El contralor Jorge Bermúdez ordenó una fiscalización a 320 reparticiones públicas y ya presentó cinco denuncias en Fiscalía, sólo como "un anticipo" de lo que puede venir.
El Gobierno y los empleados fiscales valoraron la ola fiscalizadora emprendida por la Contraloría General de la República tras la detección del multimillonario fraude en Carabineros, que ya motivó la presentación de cinco denuncias ante la Fiscalía.
El ministro del Interior, Mario Fernández (DC), consideró "digno de orgullo" que se detecten e investiguen presuntos casos de negociación incompatible en servicios públicos como efecto de la Ley de Probidad en la Función Pública, aprobada el año recién pasado, que obliga a una declaración actualizada de patrimonio e intereses.
Fernández destacó que los eventuales hechos de corrupción se descubrieron y se están indagando "justamente porque tenemos una legislación moderna, eficiente, que ha sido iniciativa aprobada durante este Gobierno".
"Nos podemos sentir orgullosos de que estas investigaciones tengan lugar", dijo el jefe de gabinete, mirada con la que coincidió el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Carlos Insunza.
"Que la Contraloría General de la República hoy día esté dando impulsos a partir de las normas que se han dictado recientemente debe ser mirado como un hecho positivo por parte de quienes somos parte de la administración pública", dijo Insunza.
"Sin duda es del interés de todos los chilenos y chilenas, pero particularmente de los trabajadores del Estado, que se puedan dar certezas y garantías a la ciudadanía de que la administración pública se conduce bajo marcos de probidad, transparencia y legalidad, como corresponde", agregó el líder de la ANEF.
Sólo "un anticipo" de lo que puede venir
Según reveló hoy La Tercera, los cinco funcionarios denunciados ya ante la Fiscalía son Andrea Martínez, jefa de Unidad de Personal de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP; Juan Alvear, jefe de Finanzas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional; Gloria González, jefa de la División de Planificación del Gobierno Regional de Los Lagos; Daniela Moraga, jefa del Departamento de Inversiones y Municipalidades del Gobierno Regional del Biobío; y Patricio Sáez, jefe del Departamento de Equipos Médicos e Ingeniería Hospitalaria del Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción.
Ayer lunes el contralor Jorge Bermúdez explicó que, en efecto, las indagatorias están fundadas en la nueva Ley de Probidad, que amplió el universo de personas que deben hacer -de manera electrónica- declaraciones de patrimonio e intereses, desde la Presidenta de la República hasta los consejeros regionales, pasando por alcaldes, concejales, seremis y jefes superiores de servicio.
No obstante, "el viernes 31 (de marzo) vence el plazo" para la entrega de estas declaraciones, y es entonces cuando el organismo tendrá "la información completa" e iniciará un "cruce de bases de datos en plenitud".
La difundida fiscalización a 320 reparticiones públicas y las cinco denuncias a la Fiscalía fueron "una especie de anticipo, seleccionando a los servicios públicos donde hay grandes cantidades de patrimonios públicos", pero las entidades "que no tienen una gran cantidad de patrimonio no han sido objeto de estudio todavía", advirtió el contralor.
