Tras las declaraciones del ex seremi de Antofagasta Carlos Contreras, continúan las dudas sobre las versiones que hay sobre cuándo Presidencia de la República se enteró del escándalo de Democracia Viva, que originó el caso convenios a mediados de junio, algo que salió a aclarar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) este domingo.
A través de un comunicado, el Minvu explicó que el informe del jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, emitido del 5 de junio -11 días antes de que estallara el escándalo- fue encargado a petición de la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas y que es parte de los antecedentes entregados a la Fiscalía el 20 de junio.
También destacó que el documento sostenía que "se requiere un análisis jurídico del convenio" y que hay un sumario en curso para indagar responsabilidades derivadas de este informe, descartando también que haya llegado a Presidencia antes de que se conociera el caso, como afirmó Contreras.
"Fue uno de los antecedentes personalmente entregados por el ministerio a la Fiscalía Regional de Antofagasta el 20 de junio, en el marco de la investigación penal iniciada luego de conocerse diversas irregularidades ocurridas en el contexto de la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios de Antofagasta, junto a una serie de antecedentes asociados a la fundación Democracia Viva y otra organización sin fines de lucro que podrían ser constitutivos de actos de corrupción", detalla parte de la declaración.
En una línea similar, el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que "a propósito del famoso informe, no hay registros que la Presidencia hubiese recibido ese informe; de lo que sí hay registros y respecto de los cuales el propio ministro Montes entregó la información en su oportunidad, de hecho la entregó el 22 de junio, es el set de antecedentes y de informes que se habían emitido, entre otros el del señor Trincado".
El secretario de Estado agregó en diálogo con Canal 13 que "en la visita que hizo el ministro Montes al fiscal en Antofagasta a cargo de esta investigación, se entregó este informe conjuntamente con una serie de otros antecedentes, incluyendo los correos electrónicos".
El titular de Justicia insistió más tarde en que "es un informe que el ministro y su equipo levantaron tan pronto estalló la crisis (...) recopilaron toda la información que se encontraba dispersa y ponerla a disposición del Ministerio Público".
"Otra cosa distinta es que se quiera ocupar este informe con un propósito -probablemente- de estrategia de defensa, respecto de la cual el Gobierno no va a dar ninguna opinión. Lo que sí, cumplo con señalar que ese informe era conocido", recalcó.
RN EVALÚA ACCIONES LEGALES Y ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
De todas maneras, las declaraciones de Contreras, que contradicen lo señalado en el Congreso Nacional por el jefe de Asesores de La Moneda, Miguel Crispi, han provocado una serie de críticas desde la oposición, que insiste en pedir las salidas de Montes y del propio Crispi.
En el caso de Renovación Nacional (RN), su bancada de diputados solicitó al presidente de la Cámara Baja que apoye eventuales acciones legales si se confirma que Crispi entregó información falsa en la comisión investigadora.
"La Cámara de Diputados debe reaccionar frente a uno de los casos más graves de vulneración de sus facultades fiscalizadoras. Por eso, de confirmarse que se mintió en la comisión, no sólo emplazamos al presidente de la Cámara a actuar en defensa de la Constitución, sino que debemos revisar con urgencia las normas legales que sancionan un acto de esta naturaleza", señaló la diputada Marcia Raphael, subjefa de bancada RN.
El jefe de los diputados RN, Frank Sauerbaum, precisó que "hemos pedido al presidente de la Cámara (el DC Ricardo Cifuentes) que se haga cargo de una investigación, que se defina realmente si el señor Crispi fue a dar información falsa o a ocultar información a la comisión investigadora, porque eso es un delito".
Por otro lado, relevó que "la situación del ministro Montes se va complejizando cada vez más dados los antecedentes que se han conocido, y nosotros estamos evaluando una acusación constitucional; esperando a tener todos los antecedentes en la mano se va a tomar una decisión", lo cual incluye un último informe solicitado a la Contraloría General de la República.
"Desde el principio hemos pensado que el ministro Montes debió dar un paso al costado", opinó su par de la UDI, Guillermo Ramírez, puesto que "su permanencia le hace mucho daño al Gobierno".
"Tenemos actos de corrupción que seremis nombrados por el ministro Montes cometieron con fundaciones cuyos integrantes militaban en RD, por lo tanto, políticamente hay que hacerse responsable de eso, y esos seremis fueron los que facilitaron estos actos de corrupción", remarcó.
No obstante, el diputado gremialista reafirmó que "no hemos presentado una acusación constitucional porque han sido muy manoseadas en los últimos años, muy banalizadas, y acusarlo sería como frivolizar el caso".
"Queremos que esto se quede radicado en la Justicia", sentenció.
En la oposición también buscam que se cobren responsabilidades políticas, y como el ministro Montes ha dicho en reiteradas oportunidades que no saldrá de su cargo, se está evaluando entonces una acusación constitucional en su contra.
OFICIALISMO CUESTIONA EMPLAZAMIENTOS A MONTES
Desde el oficialismo, el diputado socialista Marcos Ilabaca defendió la gestión de Montes frente a este escándalo por conviones, asegurando que "durante todo el proceso de investigación ha desarrollado una actitud súper proactiva".
"El mismo día que se entera de estos hechos, se empiezan a tomar decisiones al interior del Ministerio: se le pide la renuncia a la subsecretaria, el ministro se apersona a la Fiscalía y entrega todos los antecedentes".
A esto sumó que "a la comisión investigadora asiste inmediatamente y entrega todos los antecedentes, presenta las denuncias respectivas".
Frente a esto, Ilabaca advirtió que "uno se pregunta qué más desea la oposición, porque si lo que quiere es lograr infligir una derrota al Presidente de la República, que lo digan así, tal cual".
Desde el Gobierno, por su parte, insisten en que no quieren seguir con dimes y diretes
respecto al informe al que se refiere Contreras, reiterando que debe ser la justicia la que determine responsabilidades incluso penales en este caso.
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