Municipio pagó 2.650 pesos por cada unidad -más bebida- al por mayor, dividiendo la orden, no pasando así por el concejo.

La denuncia fue interpuesta ante la Intendencia del Biobío en 2017.

Los funcionarios investigados se jubilaron sin cargos.

"Es la época en que la administración nos quiere hacer olvidar", dijo uno de los firmantes.

"Esto es un hecho político", respondió la alcaldesa UDI.

El jefe comunal envió a la Fiscalía un preinforme que detectó un conjunto de irregularidades en los contratos suscritos por Jorge Castro (UDI).

"Son los peores que una municipalidad pudo haber firmado", dijo el dirigente del Movimiento Autonomista.

Fernando Barraza afirmó que las acciones del Servicio propenden a la protección de "los sectores con menos recursos".

En su cuenta pública defendió la exclusividad de la presentación de querellas ante delitos tributarios.