Se presentó una solicitud al Cuarto Juzgado de Garantía para que éste siga conociendo de la causa.
Esto porque su territorio se ubica en Las Condes, donde ocurrieron las explosiones en Metro Los Dominicos y el Subcentro.
Esta investigación es conocida por el Décimoquinto Juzgado de Garantía de Santiago, que corresponde a La Pintana y San Ramón.
La Defensoría Penal Pública en representación de Nataly Casanova, una de las imputadas por los atentados a la estación de Metro Los Dominicos, la Primera Comisaría de Carabineros de Santiago y el Subcentro de Las Condes, pidió la incompetencia del Décimo Quinto Juzgado de Garantía.
El defensor penal público Eduardo Camus presentó una solicitud al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, para que este tribunal siga conociendo de la causa, por cuanto considera que los hechos investigados se produjeron en la jurisdicción que le corresponde a ese tribunal.
Esta investigación es conocida en la actualidad por el Décimoquinto Juzgado de Garantía de Santiago, que corresponde jurisdiccionalmente a las comunas de La Pintana y San Ramón, en circunstancias de que los hechos que originaron la actuación del persecutor fiscal ocurrieron en Las Condes.
Camus indicó que "nosotros consideramos que el tribunal competente es el Cuarto Juzgado de Garantía, cuyo territorio se ubica en la comuna de Las Condes. El primer hecho investigado es el atentado del 13 de julio de 2014 en Metro Los Dominicos, comuna de Las Condes, por lo que es ese juzgado de garantía el que debería seguir conociendo de la misma causa".
"Lo único que se espera es que el tribunal, eventualmente, fije una audiencia citando a todos los demás intervinientes para que se debata si efectivamente la competencia corresponde al Cuarto Juzgado de Garantía o al Décimoquinto como ha ocurrido hasta ahora", afirmó.
El jefe regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, señaló que para ellos el principio de ejecución de este delito es en la comuna de La Pintana, donde fue ubicado el domicilio de Casanova y fueron hallado elementos para fabricar estos artefactos explosivos, por lo que en esa materia "la competencia está claramente definida".
Fue en esta misma discusión jurídica, sobre la competencia del tribunal, la que empezó a derribar la investigación que en su minuto llevó el fiscal metropolitano sur Alejandro Peña en el denominado "antiguo caso bombas".
