Reclaman que no se ha argumentado correctamente la autorización para someterlos a diversas pruebas.
Nathaly Casanova y Juan Muñoz cumplen con la sentencia de prisión preventiva.
La Defensoría Penal Pública presentó tres recursos de amparo ante la Corte Suprema a favor de Juan Flores Riquelme, Nataly Casanova Muñoz y Guillermo Durán Méndez, los principales imputados por los bombazos en el Metro y en la Primera Comisaría de Carabineros de Santiago.
En el escrito, los abogados reclaman que el 15° Juzgado de Garantía no argumentó correctamente la autorización para realizarle exámenes físicos, siquiátricos y otras pruebas que puedan servir a la investigación que desarrolla la Fiscalía Metropolitana Sur.
La Defensoría Penal Pública también planteó que se está denigrando la condición humana de los imputados, su dignidad y se está violando el debido proceso, ya que al solicitarle exámenes siquiátricos no se está respetando su derecho a guardar silencio.
Fernando Mardones, abogado de la Defensoría, explicó que "ella fue objeto de medidas intrusivas corporales, se le sometió a varios exámenes corporales que a nuestro juicio son sumamente indignos, además que era absolutamente improcedente la práctica de estas medidas, porque no fue formalizada por los hechos por los cuales se solicitó dichas medidas".
"En segundo lugar, se autorizaron exámenes siquiátricos y sicológicos que, evidentemente, pugnan con el derecho a guardar silencio y consideramos que eso no puede ser aceptado en el contexto de un debido proceso", añadió el profesional.
Fiscalía justificó diligencias
Miguel Concha, abogado de la Fiscalía Sur, remarcó que "todas las diligencias que se han realizado cumplen con la autorización del juez, se han realizado en audiencias públicas y velando por la dignidad de los imputados. Son diligencias relevantes que son necesarias para la investigación, que incluso pueden excluir la responsabilidad de alguno de los imputados en alguno de los hechos".
"Son diligencias necesarias y proporcionales a la gravedad de los hechos investigados y, además, autorizados por el Tribunal de Garantía y ratificado por la Corte de Apelaciones de San Miguel", agregó el abogado Concha.
En este caso, Flores y Casanova fueron considerados un peligro para la sociedad, por lo que se decretó prisión preventiva en su contra, mientras que Durán deberá cumplir con arresto domiciliario total y arraigo nacional.
La Sala Penal de la Corte Suprema dejó en acuerdo, es decir, pendiente el fallo, para que en las próximas 24 horas se pueda determinar si hay violaciones a las garantías de estos tres detenidos e imputados en el caso Bombas.
