Desde la UDI admitieron afectos personales, pero consideraron necesario "separar las cosas".
El Gobierno recordó que está en sus planes fortalecer los marcos regulatorios de la relación entre dinero y política.
Hubo consenso en respetar la decisión de la justicia ante los acusados por el caso Penta.
Diversas reacciones generó en el mundo político la decisión del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago de enviar a prisión preventiva a seis de los 10 imputados en el caso Penta, entre ellos los empresarios Carlos Délano y Carlos Lavín, dueños del holding.
Mientras desde la UDI reconocieron una relación afectuosa con algunos de los involucrados, en el oficialismo y el Gobierno indicaron que el hecho confirma la necesidad de elevar los estándares de regulación entre el dinero y la política.
Junto con aclarar que el ex subsecretario Pablo Wagner dejó de ser militante de la UDI en noviembre pasado, el diputado y secretario general de la colectividad, Javier Macaya, admitió que aunque existen afectos involucrados, hay que respetar la institucionalidad jurídica.
"Como partido político, más allá de las consideraciones de aprecio personal por algunas de las personas que están involucradas en la audiencia, tenemos que ser respetuosos de la institucionalidad", señaló el personero.
Aunque Wagner fue militante del partido, al igual que Carlos Alberto Délano -tío del timonel Ernesto Silva-, declaró que "es importante separar las cosas y, en ese sentido, ellos tienen derecho a defensa, pero creo que es importante separar las cosas".
Sobre la resolución de prisión preventva para los controladores de Penta, Javier Macaya afirmó: "La tomo con respeto y hay que dejar que las instituciones sigan funcionando, que se siga dando en el marco del debido proceso y que el Ministerio Público pueda seguir desarrollando su trabajo sin sesgos".
"No solamente como secretario general de la UDI, sino que como parlamentario tengo una absoluta inhabilidad, hay una norma constitucional que prohíbe que miembros del Poder Legislativo estén generando ambiente de presión", añadió el secretario general del gremialismo.
Gobierno: Se necesita un marco más estricto
Haciendo un alto en la reunión encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet en Viña del Mar, donde se da cita el gabinete ministerial de planificación y coordinación político legislativa para el año 2015, el vocero Álvaro Elizalde, indicó que esto es una expresión más que comprueba que es necesario ampliar el marco regulatorio existente.
"Se ha adoptado esta resolución que viene a confirmar la necesidad de crear una institucionalidad más eficaz y un marco regulatorio más estricto en el ámbito público y privado, tal cual ha propuesto la Presidenta de la República en el marco de las múltiples iniciativas que está llevando adelante el gobierno y a través de la creación del Consejo Asesor Presidencial que generará propuestas adicionales en la materia", analizó el personero.
"Como Gobierno hemos tenido una línea de conducta constante desde el primer día que es velar por la autonomía de la Fiscalía que es el órgano que lleva adelante la investigación y por la independencia de los tribunales de justicia", agregó el ministro Elizalde.
PS: Satisfechos e interpelados
Por su parte, el titular del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, indicó que como querellantes de la causa, están satisfechos por la prisión preventiva para seis imputados, pero a su vez asumen una realidad a mejorar, como es la legislación sobre política y negocios.
"La severidad mostrada por el magistrado da cuenta de una fundamentación muy sólida y da cuenta que esto va a seguir con otras formalizaciones y la arista política va a tener un pronunciamiento preciso, pero dejemos que la Justicia haga su pega", evaluó el parlamentario.
"Estamos satisfechos, somos querellantes y concordantes con la resolución del magistrado", agregó el líder PS, quien concluyó diciendo que "la regulación del dinero y la política será la cuarta reforma estructural del Gobierno" de Michelle Bachelet.
Otro de los querellantes de la investigación, Álvaro Castellón, vocero de la Fundación Ciudadano Inteligente, dijo estar igualmente conforme por las medidas de prisión preventiva, y recordó que "los delincuentes tienen que estar en la cárcel y todos los días hay gente que va a la cárcel por delitos mucho menores".
Para el abogado penalista Miguel Soto Piñeiro en tanto, la decisión del Octavo Juzgado de Garantía capitalino obedece a que la "reiteración del delito aumenta la gravedad", por lo que se hace de toda lógica el "cumplimiento efectivo por peligro para la sociedad", aunque los involucrados no den forma a una "asociación ilícita".
