A nueve años de estallar el escándalo, la causa se concentra hoy en un contador y en dos personas jurídicas ligadas al holding.
La preparación del juicio oral contra éstos concluye en los próximos días en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
Carlos Recondo dijo que Chile Vamos y Republicanos deben hacer "frente común", pero "ablandar" sus enmiendas para que Amarillos y Demócratas apoyen el nuevo texto.
Respecto a estos últimos "hay que hacer rápidamente un esfuerzo de acercamiento; (pues) no creo que les dé lo mismo que se rechace", dijo el exdiputado.
Tribunal de alzada capitalino confirmó la decisión del Octavo Juzgado de Garantía y descartó la solicitud de las defensas.
Los implicados consideran no estar siendo juzgados en plazo razonable.
Según la investigación, Carlos Délano ha sido el más activo usuario de sociedades "offshore" entre las figuras del grupo: sumó al menos nueve desde 1994.
Estas pasaron inadvertidas por el Ministerio Público.
Fernando Barraza aclaró que todo está apegado a la legislación vigente.
"Todo contribuyente tiene derecho a defensa letrada y tiene derecho también a rebajar el gasto en el cual incurre en esa defensa", aseguró.
Ante el escándalo generado, los funcionarios, agrupados en Afiich y Aneiich, recurrirán a la Contraloría.
"La interpretación esgrimida por las máximas autoridades no posee ningún sustento legal, ni en el código tributario ni en su normativa interna", afirmaron.
Ante el escándalo generado, Fernando Barraza aseguró que no podría referirse al caso en una sesión pública por estar amparado en el secreto tributario.
Aludiendo a Ciper, que dio a conocer la reducción, apuntó que "cualquier conclusión que se pueda emanar de un artículo de prensa no tiene un asidero técnico ni jurídico".
Según un reportaje, la entidad fiscalizadora determinó replicar esta política en todas las empresas que enfrenten juicios.
Fuentes de la institución indican que el beneficio no corresponde, dado que los controladores -Carlos Délano y Carlos Lavín- actuaron con dolo.
Los condenados por el caso Penta cumplieron 33 horas de lecciones en la Universidad Adolfo Ibáñez, que pagaron de su bolsillo.
Se trató de un castigo que fue parte de la condena por delitos tributarios.
"Es un paso más en la operación de desmantelación", sostuvo Mauricio Daza.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, evitó pronunciarse, porque dijo no conocer los motivos de la decisión.
El ex ministro era investigado por la facilitación de facturas falsas por más de 378 millones de pesos en el marco de su candidatura senatorial en 2013.
La Fiscalía, el SII y el CDE visaron la suspensión condicional de la causa contra el ex alcalde, que deberá desembolsar 40 millones.
"Muy pocos pagamos los platos rotos por el resto", reclamó.
El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago acogió el argumento de las defensas, centrado en la falta de querellas nominativas del SII.
María de la Cruz Chadwick y Verónica Méndez accedieron a la suspensión condicional del procedimiento a cambio del pago de 50 millones en total.
Se reagendó la audiencia de preparación del juicio contra Laurence Golborne y Pablo Zalaquett, que pedirá la misma salida que las mujeres.
