Seguirán allí hasta "que los tribunales operen" por falta de un certificado de defunción, afirmaron.
AFDD aseveró que esta situación es parte de la impunidad.
El Servicio Electoral reconoció que cerca de un millar de detenidos desaparecidos están en los nuevos padrones electorales porque "legalmente no están muertos" y que seguirán allí hasta "que los tribunales operen".
El director del Servel, Juan Ignacio García, dijo a Cooperativa lamentar lo ocurrido aunque afirmó que "tal como están las cosas hoy esa persona figura en el registro y va a figurar en el padrón electoral futuro a menos que sea objetada su permanencia ahí por otras entidades".
La subdirectora del organismo, Elizabeth Cabrera, aseveró que la inclusión de las víctimas de la Dictadura no fue un error, sino que se debe a la falta de un certificado de defunción.
Cabrera manifestó que el Registro Civil no tiene antecedentes para sacarlos ni para informarlos en un listado de fallecidos "porque no hay ni certificado de defunción emitido por médicos, ni sentencia de muerte presunta emitido por algún tribunal".
"Esas personas van a estar ahí hasta que operen los tribunales en esos procesos que están pendientes, que tienen que finalizar, pero el servicio no puede actuar antes de esto", enfatizó.
La funcionaria explicó que el Servel está obligado por la nueva legislación a incorporar al registro electoral a todos los chilenos mayores de 17 años y a los extranjeros con cumplimiento de requisitos constitucionales, debido a la promulgación de la ley de inscripción automática y voto voluntario.
El presidente de la Comisión de DD.HH. de la Cámara, el PS Fidel Espinoza, sostuvo anunció que la Cámara analizará lo ocurrido y que concurrirán al Servel para "solicitar explicaciones".
"También es impunidad"
Para la presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, el tema de fondo es que hay un Estado que no enfrenta la situación de la desaparición forzada.
"Esto también es impunidad y parte de la no reparación a los daños causados a las familias", sostuvo la dirigente.
Pizarro recalcó que ahora Chile sufre las consecuencias de un Estado que nunca asumió el genocidio y que no resuelve la situación jurídica de los desaparecidos "por lo que siguen estando legalmente vivos, aunque fueron plagiados hace 40 años".
En esta misma línea,la encargada de comunicación de AFDD, Gabriela Zúñiga, sostuvo que "lo grave de este asunto es más bien la incapacidad que ha tenido el Estado de Chile de solucionar el tema a nivel de la Justicia y es una muestra más de impunidad porque el Estado no se ha hecho cargo"
"Atenta contra la memoria de los familiares y atenta contra la justicia. Demuestra que en nuestro país simplemente sigue habiendo impunidad", enfatizó.
