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Fiscalía aclara: No se investiga a senadores, sino a asesores

El persecutor Manuel Guerra respondió en Cooperativa a la negativa del presidente del Senado, Andrés Zaldívar, a entregar informes.

Incluso, no descartó pedir una orden judicial.

EFE
"Nosotros no estamos haciendo una imputación a los senadores", dijo el fiscal Guerra.

"Nosotros no estamos haciendo una imputación a los senadores", dijo el fiscal Guerra.

El jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, aclaró que en la investigación por las asesorías contratadas por todos los parlamentarios que integran ambas cámaras del Congreso no están indagando a los senadores, sino que a sus asesores.

El persecutor respondió al presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), quien dijo que no entregaron detalles de sus asesorías parlamentarias porque el Ministerio Público solicitó "al voleo" los informes, por lo que el parlamentario sostuvo que entregarán esta información "siempre que se pida de conformidad a la ley y a la Constitución".

En conversación con Cooperativa, Guerra precisó que ya hay una investigación abierta en la Cámara de Diputados, de la cual surgieron antecedentes que llevaron a los persecutores a ampliar la indagatoria al Senado, para lo cual no necesitan abrir una causa distinta.

"Nosotros no estamos haciendo una imputación a los senadores. Los hechos que nosotros investigamos se refiere a los eventuales delitos que se puedan haber cometido al momento de prestarse asesorías por parte de terceros al Senado", explicó.

subir "Frente a la negativa, se puede pedir orden judicial"

El fiscal agregó que "podemos insistir ante el mismo Senado, me parece lo más razonable, se puede aclarar algunos de los términos que se señalan en el oficio del Senado. Es una alternativa, me parece la más sensata".

"Otra alternativa sería solicitar una orden judicial, por ejemplo, frente a la negativa del Senado, pero hay caminos previos que se deben agotar", indicó Guerra.

Además, el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente manifestó que se equivoca el presidente del Senado al dirigir su respuesta por escrito al jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, porque la investigación la llevan a adelante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena "y su superior jerárquico soy yo".

subir Gobierno defiende actuar del Ministerio Público

Al ser consultada por esta controversia, la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, respaldó, en nombre de La Moneda, el actuar del Ministerio Público.

"Si el Ministerio Público ha iniciado una investigación, esa investigación tiene que llevarse adelante", aseveró.

La secretaria de Estado agregó que "son ellos los protagonistas de esa investigación y quienes son los responsables de la misma y, por lo tanto, el Gobierno hace, como siempre, un llamado al respeto al trabajo de las instituciones".

"Se trata de dos organismos del Estado que son independientes, por una parte un poder del Estado como es el Congreso de la República y por otro una institución con autonomía constitucional como es el Ministerio Público", añadió la ministra vocera.

"Al Gobierno no le corresponde pronunciarse respecto de ese tema en específico. Sí decir que si el Ministerio Público ha iniciado una investigación, esa investigación tiene que llevarse adelante, son ellos los protagonistas de esas investigaciones y quienes son los responsables de la misma y, por lo tanto, el Gobierno sólo hace, como siempre, un llamado al respeto al trabajo de las instituciones", apuntó.

"Yo no voy a calificar los dichos de los distintos candidatos, ése es un tema de las candidaturas presidenciales. A nosotros nos corresponde pronunciarnos sobre el parecer del Gobierno y el parecer del Gobierno es respetar el trabajo de todas nuestras instituciones", remarcó Narváez.

Sobre la posición del Ejecutivo respecto a quién debería realizar la investigación en el Senado, la ministra aseveró que "al Gobierno no le corresponde establecer quién lleva adelante las investigaciones, eso lo establece el Ministerio Público de acuerdo a sus propios criterios, sus atribuciones y la ley que lo faculta".

La investigación se inició en la Cámara de Diputados, donde se detectó el pago de informes plagiados o duplicados. 

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