El secretario general (s) de la UDI, Pablo Terrazas, sostuvo que "la novedad de esto es que acá había más plata metida".
Se trata de un acuerdo entre el dueño de Silca, Hugo Silva, y el copropietario de Caval, Mauricio Valero, para una nueva venta del terreno.
Este segundo contrato ya está en manos de la Fiscalía de Rancagua.
Rechazo desde diversos sectores del mundo político generó el nuevo capítulo que sumó el polémico caso Caval, el cual derivó en la salida del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, de su cargo en La Moneda.
Se trata de un acuerdo entre el dueño de Silca, Hugo Silva, y el copropietario de Caval, Mauricio Valero, para una nueva venta del terreno, según reveló este viernes la revista Qué Pasa.
Este segundo documento no toca directamente a la empresa Caval, la sociedad compuesta en partes iguales por la esposa de Dávalos, Natalia Compagnon y Valero, pero entre sus cláusulas se establece que Inmobiliaria e Inversiones FVM puede ceder este contrato a otra sociedad representada y controlada por Valero, y él tiene hasta ahora solo dos sociedades: FVM y Caval.
El secretario general (s) de la UDI, Pablo Terrazas, sostuvo que "la novedad de esto es que acá había más plata metida en el éxito de la modificación de un plan regulador y que gente vinculada, gente relacionada, son socios de la familia en otros contratos, en otros negocios con la Presidenta".
Juan Manuel Edwards (RN) manifestó que "resulta que hay contratos que nosotros no sabíamos que existían y que podrían determinar la existencia de un delito o no, pero es importante que si quiere que le creamos, la Presidenta, que cree en la transparencia, que ella también entregue la información y obligue a su hijo a entregar la información de al menos todo lo que tiene relación con Caval".
"Es más grave que lo firme Caval y que lo firme Valero, pero lo grave es que el cambio del uso de suelo fue tan conversado que fue parte del negocio", agregó.
El tema preocupa en la Nueva Mayoría y el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, manifestó que "esas cosas no deben volver a suceder y es lo mismo que ha dicho la Presidenta, a pesar de que ella misma reconocía que está tocada por este hecho".
"Pero ella ha dicho pese a que duela a quien duela, ella incluso firmó un proyecto el lunes y hay una referencia directa a ese tema. Es decir, si siguen saliendo antecedentes, bueno, es la Justicia la que tiene que ver, eso está es la Justicia", expresó.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, fue consultado sobre este segundo documento y declaró que "si alguien quiere saber el impacto legal o de otro tipo que tiene antecedentes que supuestamente existen, que vaya donde el fiscal y le pregunte".
"Nosotros no comentamos eso, no corresponde comentar eso", agregó.
Gobierno reiteró que "nadie está sobre la ley"
Este segundo contrato ya está en manos de la Fiscalía de Rancagua. El vocero de Gobierno Alvaro Elizalde aseveró en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo que estos nuevos antecedentes no fueron analizados en la reunión del comité político que encabeza la Presidenta Michelle Bachelet en Viña del Mar.
"La postura del Gobierno es expresión de una convicción profunda, en Chile nadie está por sobre la ley y debemos dejar que las instituciones que deben investigar para el total esclarecimiento de estos hechos, realicen su trabajo sin interferencias políticas", manifestó.
"Es esa una convicción profunda del Gobierno", enfatizó, añadiendo que "en un Estado de derecho democrático corresponde es que todos cumplamos la ley y sin duda estos hechos se han esclarecido y por tanto aquí lo que debemos permitir es que las instituciones realicen su trabajo, por eso hemos insistido en que los actores políticos se abstengan de presionar".
Por su parte, el abogado de Caval, Antonio Garafulic, planteó que "no se prometió cambio al plan regulador ni nada por el estilo. No vamos a hacer más declaraciones".
