El Ejecutivo reafirmó que "ninguno de los hechos mencionados" en el reportaje de "Pandora Papers" que vincula a la familia del Presidente Sebastián Piñera con la venta del proyecto minero Dominga "es nuevo", mediante un documento emitido por la Secretaría General de Gobierno este martes, en forma de preguntas y respuestas.
Dicho texto reitera que los antecedentes, revelados en Chile por Ciper y LaBot, "fueron materia de la investigación que el Ministerio Público llevó adelante en 2017", caso que finalizó en ese mismo año con el sobreseimiento definitivo del entonces candidato a la Presidencia.
En cuanto a la venta misma al amigo del Mandatario, Carlos Alberto Délano, la Segegob sostiene que "la forma en que se llevó a cabo y las entidades intervinientes, así como las cláusulas de pago contenidas en los contratos correspondientes, fueron antecedentes que se incorporaron a la investigación" antes mencionada.
El escrito se detiene luego a abordar la cláusula 3.03, que estipulaba "el saldo de precio y la condición de la cual dependía su pago", que según el documento de acuerdo, demandaba saldar el monto a menos que en el plazo determinado se estableciera "una zona de exclusión; o un parque nacional o reserva natural, impidiendo en forma definitiva e insubsanable el desarrollo de la actividad minera".
Por ello, advierte que los medios detrás del reportaje hicieron una corrección al texto, precisando que si bien en principio señalaron que esta cláusula no había sido parte del proceso judicial, la publicación que reveló los antecedentes de este en 2017 indicaba que "el ex fiscal Manuel Guerra sí estuvo al tanto de los términos de esa compraventa".
Asimismo, reitera que el Presidente no supo de la venta ni de los eventuales pagos de cuotas, puesto que desde 2010 tanto él como su familia desconocen las inversiones realizadas por las instituciones que resguardan su patrimonio en los fideicomisos ciegos abiertos previo a su primer mandato.
NI CONFLICTO DE INTERÉS, NI EVASIÓN DE IMPUESTOS
También se vuelve a descartar que esta venta implique un conflicto de interés, ya que en el tiempo en que fueron inversionistas del proyecto, la familia Piñera "no hizo ninguna presentación de ninguna naturaleza ante autoridades del Estado", de manera que "no puede existir si es que no existen peticiones o solicitudes ante alguna autoridad u órgano del Estado".
A su vez, plantean que "el producto de la venta de Minera Dominga en el exterior fue íntegra e inmediatamente remesado a su empresa controladora en Chile y se cumplió estrictamente con las normas tributarias existentes en nuestro país" en la operación realizada en las Islas Vírgenes Británicas, algo que también manifestó el Mandatario en su primera declaración pública al respecto ayer lunes.
De hecho, Segegob advierte que "al devolverse a Chile los recursos de la venta, el efecto tributario de la operación es el mismo que hubiera tenido si la venta se hubiera llevado a cabo en el país".
La decisión de constituir la sociedad propietaria en el extranjero se explica, según el documento, porque se buscó "facilitar el acceso a los mercados de capitales especializados en instrumentos emitidos por empresas mineras, como la Bolsa de Toronto".
Finalmente, descarta acusaciones -específicamente desde la oposición- sobre un irrespeto del oficialismo al medioambiente: "Fue durante este Gobierno que se fortaleció la institucionalidad ambiental, creando el Ministerio de Medio Ambiente, los Tribunales Ambientales, la Fiscalía del Medio Ambiente", y destacó que este compromiso "se ha reflejado en los últimos años en una agenda de medidas muy concreta".
AMBIENTALISTAS ESPERAN INTERVENCIÓN JUDICIAL
Al margen de la investigación que abrirá la Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público para revisar las acusaciones, desde Oceana Chile esperan que la Corte Suprema determine detener la ejecución de Dominga, que recibió su permiso ambiental en agosto pasado.
Según su directora, Liesbeth Van Der Meer, esta información "cuestiona aún más este proyecto, que ha estado lleno de cuestionamientos, por sus graves falencias técnicas y también ambientales, y por las cuales fue rechazado el año 2017" por la misma instancia que este año lo aprobó.
"Esperamos que la Corte Suprema resuelva finalmente el destino de esta minera, y esperamos también que se concrete una de las áreas costeras protegidas más importantes de nuestro país para preservar totalmente el archipiélago de Humboldt", remarcó.
