El Juzgado de Garantía de Cañete acogió a trámite este jueves la querella presentada por el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, junto a las hijas de Carlos Grollmus, víctima del ataque de un grupo armado a finales de agosto en el fundo de la familia en la comuna de Contulmo, invocando delitos de carácter terrorista, lo que fue valorado por la autoridad regional.
"Estamos muy agradecidos de la disposición que ha tomado el Juzgado porque nosotros somos un Gobierno Regional que intenta hacer las cosas con seriedad", dijo Díaz.
"Lo que hemos hecho acá es decir que teníamos legitimación activa para poder recurrir en protección de las personas que han sido atacadas gravemente en Contulmo hace unos días atrás, de la familia Grollmus también de la familia Cid, y esto nos permite ingresar al juicio y poder solicitar diligencias, que nos permitan ayudar a esclarecer la verdad", recalcó el gobernador.
"Es un hecho jurídico de la mayor relevancia y vamos a continuar en esta senda, porque nuestra obligación es defender a la gente de la provincia de Arauco", enfatizó la autoridad.
El ataque, que fue reivindicado por el grupo violento Resistencia Mapuche Lavkenche, tuvo lugar la tarde del lunes 29 de agosto en el fundo donde se ubica el centenario molino Grollmus, una de las atracciones turísticas de Contulmo.
De los tres heridos, el más grave es el dueño del predio, Carlos Grollmus, de 75 años, a quien le tuvieron que amputar una de sus piernas tras recibir disparos de varios encapuchados.
Cristián Cid, cuidador de 48 años, fue otra de las víctimas. Pese a recibir disparos de perdigones en diversas partes de su cuerpo, se encuentra estable y solamente tiene compromiso de su visión.
Se trató del primer atentado de gravedad en el sur luego de la detención por los delitos de robo de manera, hurto y atentado contra la autoridad de Héctor Llaitul, cabecilla de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), otra de las organizaciones radicales mapuche que operan en el sur.
El Ministerio del Interior presentó una querella en el caso por los delitos de homicidio calificado en desarrollo frustrado; robo con violencia e intimidación; incendio; obstaculización del libre tránsito; porte ilegal de arma de fuego y de municiones; y disparos injustificados, pero descartó el uso de la normativa antiterrorista por "una decisión de eficacia jurídica".
