El Ministerio Público anunció haber establecido "científicamente" que los principales incendios que asolaron en febrero de este año a la Región del Biobío, dejando a su paso una veintena de personas fallecidas, iniciaron por responsabilidad de las empresas eléctricas Frontel -de propiedad del Grupo Saesa- y Coelcha.
La Policía de Investigaciones allanó este miércoles las oficinas que mantienen ambas compañías en ocho comunas de las regiones Metropolitana, del Biobío, La Araucanía y Los Lagos.
En específico, la Fiscalía penquista apunta a los siniestros denominados "San José Grande", en la comuna de Nacimiento, y "Santa Ana", que partió en Santa Juana y llegó a Nacimiento, cobrando 17 vidas; además del incendio que destruyó la caleta de Punta Lavapié en Arauco.
"Se ha establecido en estas investigaciones de manera científica, certera, pericial, por parte de la PDI y la Corporación Nacional Forestal, la Conaf, que los principios de ejecución en estos incendios se deben a accidentes eléctricos provocados por líneas de alta tensión que, manejados en fajas o que corren por fajas que no tienen la mantención adecuada, son tocadas por especies arbóreas y efectivamente provocan chispas y, dada la sequedad del terreno, se producen los incendios", explicó la fiscal regional, Marcela Cartagena.
Es decir, el tamaño de los árboles era tal que cuando el viento los botó terminaron cayendo sobre el tendido eléctrico, lo que habría originado los fuegos.
"Lo reitero, está establecido de forma científica que estos tres incendios se iniciaron de esa manera", subrayó la persecutora.
El prefecto Carlos Díaz, jefe regional de la PDI, expuso que "cuando el vegetal que existe en la zona toca un punto de calor que se inicia a través de cables, se puede iniciar un fuego, y eso es lo que se establece en estos tres focos de inicio de incendio".
"LO MÍNIMO QUE PODEMOS HACER COMO ESTADO ES DAR RESPUESTA"
La delegada presidencial regional, Daniela Dresdner, destacó que "es extremadamente importante poder tener esta información, no sólo para perseguir a quienes son culpables, sino para poder prevenir hacia el futuro los distintos incendios y cuáles son las medidas que se deben tomar al respecto".
"Tenemos acá resultados para tres incendios que nos afectaron profundamente como región, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, también a muchas familias", relevó.
"Y como tal, lo mínimo que nosotros podemos hacer como Estado es entregarles respuesta de qué fue lo que ocurrió", enfatizó.
ALLANAMIENTOS BUSCAN PRECISAR RESPONSABILIDAD DE TRABAJADORES
A través de una declaración pública, Frontel confirmó que la PDI registró sus oficinas "para levantar información relacionada con el trabajo de mantenimiento que realizamos a nuestra infraestructura eléctrica".
"Reiteramos nuestra disposición a colaborar con la investigación del Ministerio Público. Tenemos la tranquilidad de que contamos con un exigente plan para asegurar la calidad y continuidad de nuestro servicio, lo que se demuestra y se confirma en la mejora de los indicadores de operación de la compañía", agregó.
La fiscal Cartagena precisó que "las diligencias de investigación que realizamos tienen por objeto establecer si personal de estas dos empresas se vieron involucradas o tienen participación o responsabilidad penal en los hechos ocurridos".
