Presidenta de la UDI oficializó requerimiento ante el Tribunal Constitucional junto a 13 senadores del oficialismo.
"La objeción de conciencia es un derecho que está resguardado en la Constitución", sentenció la senadora.
El requerimiento presentado por la presidenta de la UDI cuenta con el respaldo de 13 senadores del oficialismo.
La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, oficializó la mañana de este miércoles un recurso ante el Tribunal Constitucional, respaldado por 13 senadores de su partido y RN, en que reclaman por el protocolo en que la Contraloría dictamina que las instituciones que reciban recursos del Estado no podrán ser objetores de conciencia en al aborto por tres causales.
Según explicó la senadora, la objeción de conciencia es un derecho establecido en la Constitución, por lo que no puede depender de que se reciban o no dineros estatales, y, de paso, criticó al contralor, Jorge Bermúdez.
Van Rysselberghe explicó que "el Tribunal Constitucional hace ya bastante tiempo determinó que la objeción de conciencia es un derecho que está resguardado en la Constitución y no puede ser que el contralor, mediante la interpretación de un cuerpo legal, niegue algo que el Tribunal Constitucional dice que es un derecho fundamental".
La ex intendenta del Biobío añadió que "nosotros creemos que no porque un particular en un proyecto determinado necesita la ayuda del Estado para poder llevar adelante ese proyecto, el Estado puede ponerlo de rodillas, chantajearlo y decirle que tiene que hacer cosas que en conciencia cree que no corresponden o que no está dispuesto a hacer".
En RN decretaron libertad de acción ante este tema y el presidente de la colectividad, el diputado Mario Desbordes, aseguró que este recurso no complica al Gobierno, pues nunca estuvo de acuerdo y solo acató el dictamen de la Contraloría.
"Al Gobierno no le incomoda para nada (el recurso), porque cuando la Contraloría hizo público su dictamen, el Gobierno fue muy claro que no lo compartía y que lo que iba a ser era acatar, que era muy distinto a estar de acuerdo, por lo tanto se está yendo contra un criterio que la Contraloría le impuso al Gobierno", dijo el legislador.
Desde la oposición, el senador PPD Felipe Harboe afirmó que "el Gobierno del Presidente Piñera tendrá que explicar cómo sus parlamentarios han recurrido al Tribunal Constitucional en contra de un decreto firmado por él. Eso habla de una falta de gobernabilidad y falta de control sobre su coalición que es bastante preocupante".
Desde el Ejecutivo, el ministro Emilio Santelices recalcó que "los partidos políticos, en función de sus prerrogativas, tienen esas disposiciones. A nosotros como autoridad lo que nos corresponde es hacer cumplir la ley, hoy día nosotros tenemos una ley, esa ley está implementada adecuadamente y lo que nosotros tenemos, nada más que resguardar es que cualquier mujer que pueda requerir del beneficio de esta ley vea que sus derechos son adecuadamente resguardados".
El TC tiene cinco días para pronunciarse respecto a si acoge a trámite o no este recurso.
