La iniciativa "cambia la naturaleza y el sentido del fallo" de la Corte Suprema, dijo la ministra Ximena Aguilera.
Fue visada por tres votos opositores contra dos del oficialismo.
La Comisión de Constitución del Senado aprobó este lunes en general un proyecto alternativo al del Gobierno para dar cumplimiento al fallo sobre los planes de las isapres dictado por la Corte Suprema.
La propuesta, que es impulsada por la oposición, es rechazada por el oficialismo, pues, a diferencia de lo mandato por el máximo tribunal, no busca el reajuste a la baja de los valores ni la devolución de los dineros cobrados en exceso a los afiliados.
La iniciativa recibió tres votos a favor -de Rodrigo Galilea (RN), Matías Walker (Demócratas, en reemplazo del Evópoli Luciano Cruz-Coke), y Luz Ebensperguer (UDI)- y dos en contra -del PS Juan Luis Castro (en reemplazo de su correligionario Alfonso De Urresti) y el DC Francisco Huenchumilla-.
"Creemos que es una forma viable, poco ortodoxa, pero viable de darle una solución a esto", aseguró Galilea, destacando que lo que persigue el texto "es ajustar precios bases, cuidar de que no vaya por ningún motivo a generarse un incumplimiento a todas las normas de solvencia de las aseguradoras de salud y, finalmente, que esto se pague a través de beneficios".
"En este proyecto de modificación constitucional hay una salida que permite que la carga se vaya activando en el camino", defendió el parlamentario de RN.
Mientras que Huenchumilla fustigó que "se está anulando el fallo de la Corte Suprema por la vía de una reforma constitucional, y esto significa entonces un choque institucional entre el Senado y la Corte Suprema, porque el artículo 76 de la Constitución es claro en el sentido de que ni el Congreso ni el Presidente pueden abocarse a causas pendientes, y esta causa está pendiente porque está pendiente su cumplimiento, ni tampoco pueden revisar su contenido ni los fundamentos de los fallos, y lo que está haciendo esta reforma constitucional es eso".
La senadora Ximena Rincón (Demócratas) sostuvo que "las promesas que se hacen en el proyecto de ley del Ejecutivo de pago o restitución por lo pagado en exceso no se van a poder cumplir para muchas personas. Si nos quedamos con el proyecto de ley del Ejecutivo vamos a caminar por la cornisa en un tema tan delicado como es la salud y la vida de las personas".
"Como ministerio no estamos de acuerdo con esta reforma constitucional, porque cambia la naturaleza y el sentido del fallo", sostuvo la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
"No es que modifique parte de la sentencia, sino que más bien anula lo medular de lo instruido por la Excelentísima Corte Suprema: anula toda la adecuación a la baja de los precios de los planes de salud y, como consecuencia de lo anterior, anula también toda devolución por concepto de adecuación de tabla de factores, manteniéndose únicamente la que corresponde al cobro en exceso para los menores de dos años", explicó la secretaria de Estado.
"No nos parece que el camino sea a través de una reforma constitucional, la cual a las personas lo que le bajaría por el ajuste en la tabla de factores, se le subirían a través del precio base y, en el fondo, mantiene una condición que la Corte Suprema ha considerado injusta, que han habido cobros excesivos", sentenció.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que "esto es preocupante, porque es un proyecto que hace borrón y cuenta nueva a lo que establece otro poder del Estado que es la Corte Suprema, que busca incumplir lo que establece el fallo, que es devolverle a los usuarios aquellos cobros que fueron durante años indebidos por parte de muchas isapres".
"Esperamos que en la Sala esto no avance, porque nuestros poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, no pueden estar buscando artilugios, fórmulas, para anular la aplicación de un fallo tan contundente como el que estableció la Corte Suprema", añadió.
Víctor Torres, superintendente de Salud, comentó que "este proyecto de ley, por la vía de reforma constitucional, modificaría el fallo, como por ejemplo permite la adecuación de los precios, de tal manera que se asemejen lo más posible a los valores que hoy día están pagando las personas, por lo tanto no habría ningún tipo de disminución de los planes que eventualmente hoy día sí debieran tener".
Con lo ocurrido en la Comisión de Constitución como telón de fondo, la Comisión de Salud del Senado comenzó las 12.30 horas el análisis del proyecto de ley corta que el Ejecutivo presentó la semana pasada para dar cumplimiento al fallo de la Suprema.
En su intervención, el director de Fonasa, Camilo Cid, respondió las inquietudes de las aseguradoras y la oposición, indicando que "se ha dicho que el proyecto conduce por la fuerza a un monopolio estatal. Esto no es así, el proyecto no fomenta el cambio. El cambio que está ocurriendo en las personas está dentro de su libertad de elección y algunas personas -no todas tampoco, no es que haya una gran avalancha- están eligiendo Fonasa".
"La diferencia que podemos ver es que personas jóvenes están eligiendo Fonasa, profesionales", señaló.
"Lo que hace el proyecto es básicamente dotar de herramientas al fondo para que pueda dar más opciones para que las personas puedan tener coberturas financieras mayores a las que se podrían ofrecer dar a nuestras restricciones y nuestros principios de equidad en el financiamiento", enfatizó Cid.
Asimismo, puntualizó que Fonasa "tiene dos modalidades de operación, la modalidad de atención institucional y la modalidad de libre elección, y lo que estamos hablando aquí es de la libre elección que se ejecuta en prestadores privados, principalmente, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de colapso porque las personas que podrían tener esta cobertura complementaria son las personas que usan la modalidad de libre elección".
"Vemos la evidencia de las personas que emigran, por ejemplo, de una isapre a Fonasa, generalmente tratan de mantener sus prestadores privados y lo que hacen entonces simplemente cambiar de administrador financiero", acotó.
