Acusan que la rebaja del pago de la deuda se trata de un "perdonazo".
Ministro Cordero volvió a cargar contra la polémica norma: "Las sentencias judiciales deben cumplirse".
Tal como lo habían anunciado, un grupo de senadores oficialistas ingresaron este viernes un requerimiento de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) para impedir que la mutualización de la deuda de las isapres prospere.
El socialista Juan Luis Castro -presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta-, el RD Juan Ignacio Latorre y los comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual ingresaron el recurso sobre el mediodía.
Los parlamentarios acusan que la norma aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados, que rebajaría la deuda de las aseguradoras privadas de 1.180 a 451 millones de dólares, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud, sería un "perdonazo" a las aseguradoras.
Argumentan que la mutualización contradice el fallo de la Corte Suprema, que obliga a restituir los cobros excesivos caso a caso.
En segundo punto, sostienen que la mutualización es un concepto de seguridad social y, por lo tanto, es una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
"Más allá de que en el fondo se le ha hecho un favor al sistema privado de isapres reduciendo la deuda, reiteramos: aquí no vamos a discutir los efectos políticos finales porque todavía falta tramitación y es probable que termine en comisión mixta la tramitación, pero otra cosa es que no vamos a aceptar que en medio de la tramitación o en su primer trámite alguien permita que se viole la Constitución de la República, arrogándose disposiciones que sólo dependen del Gobierno, porque son de seguridad social. En ese sentido, preferimos venir ahora, de inmediato", explicó Castro.
En tanto, el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien ya había expresado que considera que la mutualización es inconstitucional, remarcó hoy que "el Ejecutivo también ha sido claro que espera abordar este problema durante la tramitación en la Cámara de Diputados, pero también es respetuoso de la decisión que adopten los senadores de ir ahora al Tribunal Constitucional".
"Las sentencias judiciales, una vez emitidas, deben cumplirse y no puede el resto de los poderes del Estado arrogarse la revisión de una causa que ya está decidida", enfatizó.
Desde la oposición, la senadora Ximena Rincón (Demócratas) aseguró que la mutualización "no se trata de bajar la deuda de las isapres, y es lamentable que los colegas pongan este debate en ese tono. Nosotros creemos que no se infringe la Constitución".
"El año 2023 murieron 44.000 personas realizadas de espera. De estas, 3.800 corresponden a pacientes GES y, si nosotros no resguardamos que no se provoque un colapso en el sistema de salud en su conjunto, este número va a aumentar", advirtió la parlamentaria.
A partir de hoy, TC tiene un plazo de cinco días para acoger o rechazar el requerimiento de los senadores a tramitación. Si lo declara admisible, se abre un periodo de cinco días más para que los interesados hagan llegar antecedentes o soliciten alegatos para que el asunto quede en tabla, abriéndose después 25 días de discusión aproximadamente. En tal caso, una sentencia podría conocerse a finales de marzo, lo que no debería retrasar el trámite de la ley corta en el Congreso.
