La moción, en segundo trámite, dispone que las remuneraciones no podrán ser inferiores al valor por hora del ingreso mínimo mensual.
Además, establece el pago de diferentes seguros.
El Gobierno anunció este jueves suma urgencia a la discusión de un proyecto de ley que busca proteger a los trabajadores de aplicaciones de transporte y delivery, como Uber, Cabify, Rappi y Pedidos Ya.
La propuesta, iniciada en moción de los senadores Manuel José Ossandón (RN) y Juan Pablo Letelier (PS) y la senadora Carolina Goic (DC), se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados tras su aprobación en el Senado.
El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, señaló que "es clave que regulemos a los trabajadores de plataformas digitales. Esta regulación debe ser innovadora y no debe responder necesariamente a los cánones tradicionales. Por eso, como Gobierno hemos puesto suma urgencia al proyecto que fue aprobado de manera unánime en el Senado y que nace del acuerdo transversal entre la Comisión de Trabajo del Senado y el Ejecutivo, luego de una mesa de trabajo que se desarrolló durante el año 2020".
Dicha instancia, según la autoridad laboral, "tuvo una composición tripartita, con representantes de los trabajadores, de los empleadores y del Gobierno y en la que se acordaron determinadas medidas".
"Ahora, esperamos que la Cámara de Diputados pueda despachar prontamente este proyecto y así tengamos la necesaria regulación para este sector de la población que hoy trabaja en plataformas digitales pero que se encuentra en la absoluta desprotección", manifestó el subsecretario.
En el proyecto, los autores explican que "en virtud de la debida protección a la dignidad humana y derechos laborales que merece toda persona que trabaja", pretenden "reconocer y establecer un número mínimo de garantías y derechos para las personas que prestan servicios, ya sean personales mediante de la coordinación que hace una empresa de plataforma digitales de servicios o cuando prestan servicios accesorios para materializar la transacción entre un oferente y demandante".
Los derechos que se buscan consagrar se relacionan con el pago y contribución por parte de la empresa de plataforma digitales de servicios en favor de la persona que presta servicios, los cuales son: pago de un seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; pago de un seguro de invalidez y sobrevivencia; seguro de responsabilidad civil por los daños que pueda sufrir y/o causar a terceros; pago de cotizaciones del seguro de desempleo; entrega de mecanismos de protección como cascos y rodilleras; y entrega de capacitación e instrucción para desarrollar adecuadamente el trabajo.
Además, se establece un mecanismo para la determinación de la remuneración a pagar, el cual será la hora trabajada: propone que la tarifa líquida mínima a recibir por la persona que presta servicios, es decir, libre de todas las deducciones y pagos que le corresponda abonar y contribuir a la empresa de plataforma digitales de servicios, sea el equivalente al valor del ingreso mínimo mensual por hora de una jornada laboral ordinaria (180 horas mensuales).
Asimismo, "con el fin de proteger y dar estabilidad a las personas que regularmente prestan servicios a empresas de plataforma digitales de servicios", la iniciativa da luz verde para que cuando la compañía decida cesar al trabajo o desvincularlo de la aplicación, lo haga "con un mínimo de antelación y siempre con una causal justificada".
Finalmente, si la persona que presta servicios emite boleta de honorarios, además, estará cubierta por las previsiones sociales correspondientes, entre otras, al ahorro previsional (10 por ciento) y de salud (7 por ciento) que se deducen de la retención de impuestos a la renta.
Mediante una declaración pública, la aplicación Pedidos Ya defendió que están "conscientes de que representamos una fuente de ingresos para miles de personas que ven en nosotros un motor económico" y que "según nuestras mediciones, la flexibilidad laboral es un aspecto altamente valorado por los repartidores que prestan servicios en nuestra aplicación, lo que esperamos que sea considerado en una futura legislación".
"Hemos estado y seguiremos estando abiertos a aportar en un diálogo moderno y constructivo, que tenga como objetivo una solución híbrida que logre un equilibrio y beneficie a todas las partes involucradas en el ecosistema del delivery. Queremos ser parte activa en esta discusión para que todo el ecosistema, es decir, empresas, repartidores, comercios y consumidores, se vean beneficiados por medio de una legislación moderna y flexible", sostuvo la plataforma.
"Adicionalmente, en Pedidos Ya hemos querido anticiparnos a la discusión parlamentaria que busca regular la relación entre repartidores y aplicaciones, siendo proactivos respecto al pago, a través de boletas de honorarios, de los servicios prestados por los riders, lo que les permite certificar ingresos y tener acceso a la seguridad social, a través de la Ley de Honorarios. Para profundizar lo anterior, hemos desarrollado un acuerdo con Mutual de Seguridad para promover los beneficios de la seguridad social y seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, entre los repartidores independientes", afirmó.
La vulnerabilidad de los repartidores quedó recientemente en evidencia tras el caso de Tomás Chávez, joven repartidor de Pedidos Ya que en octubre del año pasado sufrió un accidente de tránsito en Puerto Montt, que generó una investigación por parte de la Dirección del Trabajo (DT) de la capital de la Región de Los Lagos.
Once trabajadores entregaron sus testimonios y junto con ello, se obtuvo la información necesaria para detectar que no existían contratos de trabajo, ni registros de asistencias y no entregaban un comprobante de lo cancelado.
El caso derivó en una multa que supera los 13 millones de pesos en contra de Pedidos Ya y el reconocimiento de un vínculo laboral entre los 11 trabajadores y la aplicación.
Mediante una declaración pública, la app señaló que la multa "será impugnada judicialmente por PedidosYa, ya que se encuentra fuera de las facultades de la Dirección del Trabajo", argumentando que "los Tribunales de Justicia son los únicos facultados a determinar si existe una relación laboral entre empresas y ciudadanos".
"Reafirmamos nuestro compromiso con todos quienes componen la cadena de valor de la industria y, muy especialmente, con los prestadores de servicios, por lo que siempre hemos estado disponibles para colaborar en base a nuestra convicción de que la flexibilidad y la autonomía son fundamentales para el ecosistema del delivery", afirmó la empresa.
