Patricia Muñoz aseguró que esta es una "herramienta de interés" en casos de violencia intrafamiliar.
Descartó que a priori, su uso alivie el sistema penitenciario.
La Presidenta de la Asociación de Fiscales, Patricia Muñoz, aseguró que la aplicación del brazalete con GPS como medida cautelar, a su juicio, es perfectamente aplicable según la actual normativa.
"El Código Procesal Penal avala la instalación del brazalete como una medida cautelar posible en el contexto de lo que describe el artículo 155, que es aquella norma que señala cuales son las media cautelares posibles de aplicar, aparte de la prisión preventiva", señaló.
"Desde nuestro punto se vista no sería necesario que sea explicitado su uso. La letra 'b' del citado artículo, da cuenta de una opción de medida cautelar de poder sujetar a una persona a la vigilancia de otra persona o institución", lo que según Muñoz se cumple con el dispositivo.
La dirigenta gremial considera el uso de este aparato como de "mucha utilidad", sobre todo en los casos de violencia intrafamiliar, por la posibilidad de dar más seguridad a las víctimas.
"Para nosotros como asociación resulta una herramienta de interés y que puede ser de mucha utilidad, en el contexto de mantener controlado, con un seguimiento efectivo, la ubicación de las personas que son imputadas como agresores de violencia intrafamiliar, que puede redundar en una seguridad mayor para la víctima", aseguró.
Consultada respecto a un eventual alivio del sistema penitenciario, Patricia Muñoz, aseveró que es aventurado entregar un pronóstico en esa línea, pues eso dependerá de la masividad con la que se aplique la medida.
"Eso va a depender de la masividad con la que se aplique. Tampoco se trata de sostener que el GPS debiera ser utilizado como única medida cautelar para evitar la prisión preventiva. Es arriesgado sostener cuanto podría aliviar el sistema penitenciario", sentenció.
