El abogado de los involucrados en el caso Berrios señaló que la petición "no es un capricho o una solicitud antojadiza", ya que está en el Tratado de Extradición vigente con Santiago.
Unos trescientos militares uruguayos solicitaron al presidente Tabaré Vázquez que impida la extradición de tres compañeros a Chile, aprobada por la justicia, para juzgarlos por el asesinato del ex agente secreto chileno Eugenio Berríos.
El pedido "no es un capricho o una solicitud antojadiza, sino que está contenido en el Tratado de Extradición vigente entre ambos países y que data de 1897", señaló el abogado defensor de los tres militares, Amadeo Otatti.
La Justicia chilena solicitó la extradición del teniente coronel Eduardo Radaelli, el coronel Wellington Sarli y el coronel retirado Tomás Casella, para juzgarlos por asociación ilícita y secuestro, y la Justicia uruguaya aprobó la solicitud la pasada semana.
Los socios del Círculo y el Centro Militar, en su mayoría militares retirados, se reunieron la noche del martes y emitieron un comunicado en el que señalan que la extradición aprobada es parte de "una escalada de un proceso de deterioro institucional que compromete la existencia misma de las Fuerzas Armadas".
Además, advierten que tal actitud "expone a riesgos la paz pública y la seguridad de nuestro Estado Nación".
Los militares decidieron pedir una entrevista al presidente uruguayo, el socialista Tabaré Vázquez, y anunciaron que le solicitarán que niegue la extradición.
Sin embargo, fuentes oficiales señalaron a medios de prensa locales que el Gobierno está dispuesto a cumplir con lo resuelto por la Justicia y ratificar las extradiciones a Chile.
El comunicado del Círculo y el Centro Militar afirma que la solicitud de extradición "fue montada en Chile en base a la Policía Secreta operando en Uruguay, con la compra de testigos, falsificación de documentos, alteración de pruebas y presiones a militares uruguayos y sus familias".
Berríos fue un agente de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que ingresó clandestinamente a Uruguay en 1991, presuntamente en un operativo conjunto de militares de ambos países para evitar que declarase ante la Justicia chilena.
En abril de 1995 su cadáver con dos disparos en la cabeza fue encontrado en una playa a unos 25 kilómetros de Montevideo.
La Justicia uruguaya efectuó una larga investigación sobre el caso y en septiembre de 2004, la fiscal Nancy Hagopian, del juzgado de Pando, pidió el archivo por considerar que no hay pruebas que impliquen a los militares uruguayos.
Sin embargo, el juez Pedro Salazar decidió continuar con las investigaciones y citó a nuevos testigos, pero el pasado mes de febrero accedió al archivo del caso, pese a que en la sentencia señaló sus discrepancias con la fiscal por el pedido de clausura.
En Chile están procesados como autores del secuestro y homicidio de Berríos los ex mayores del Ejército Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa y, por obstrucción a la justicia y por asociación ilícita los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covorrubias. (EFE)
