Insulza, Castro y De Urresti entregaron su respaldo al trabajo que desarrolla el organismo y plantearon inquietudes respecto a los controles de las transferencias de recursos públicos.
En paralelo, parlamentarios y dirigentes de Evópoli entregaron una carta al Presidente Boric para que transparente la trazabilidad de traspasos a fundaciones.
Los senadores José Miguel Insulza, Juan Luis Castro y Alfonso de Urresti, todos del Partido Socialista (PS), se entrevistaron esta mañana con el contralor general de la República (CGR), Jorge Bermúdez, para entregar su respaldo al trabajo que está desarrollando el organismo fiscalizador en medio del escándalo del Caso Convenios y para plantear inquietudes y caminos de solución para problemas detectados en transferencias a fundaciones o corporaciones por parte de Gobiernos Regionales.
Tras el encuentro, Castro explicó que la entidad que encabeza Bermúdez no tiene acceso al registro de organismos privados que reciben recursos públicos y que tampoco tiene facultades para el control del mérito de los traspasos. Por esa razón, dijo que los parlamentarios ya piensan en una modificación legal o constitucional para darle más atribuciones.
El parlamentario PS se sumó también a las críticas por las modificaciones a ciertas glosas presupuestarias de los Gobiernos Regionales en la Ley de Presupuestos 2023, además de los cambios de criterio realizados en el sistema de auditorías en junio del 2022 por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), dado que -advirtió- se flexibilizó la entrega de recursos.
"Creo yo, y así también percibí que opina el controlador, que fue un grave error que el Comité de Auditoría del Estado abriera aún más las puertas para que no hubiese capacidad de fiscalización, para que la gente no tuviera que rendir transferencias a privados", apuntó Castro.
Como Bancada de @SenadoresPS nos reunimos con el Contralor, para plantear inquietudes y buscar caminos de solucion para problemas detectados en transferencias a privados por parte de gobiernos regionales. Esperamos seguir avanzando en el perfeccionamiento de la normativa vigente. pic.twitter.com/MHrgKosB2U
— Senadores PS Chile (@SenadoresPS) August 7, 2023
Respecto a las presiones de la oposición al Presidente Gabriel Boric para que le solicite la renuncia al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, dado que era quien comandaba las la Segpres al momento de las modificaciones de criterio en el sistema de auditorías, De Urresti sostuvo que el Jefe de Estado "tiene que evaluar" si los miembros de su gabinete "están colaborando a una buena gestión o comienzan a convertirse en un problema".
Desde Revolución Democrática, el partido de Jackson, el senador y timonel de la colectividad, Juan Ignacio Latorre, volvió a cargar contra las voces que exigen la remoción del secretario de Estado.
"Me llama la atención la fijación que hay con él cuando hoy día, a dos meses de conocerse el caso de Democracia Viva, no hay ningún antecedente que vincule al ministro Jackson con ese caso. Si alguien que está pidiendo su renuncia, es más bien porque tiene cuentas pendientes con él en el pasado, porque no le cae bien", planteó el dirigente frenteamplista.
En este marco, parlamentarios y dirigentes de Evolución Política (Evópoli) entregaron hoy una carta al Presidente Boric en la que piden transparentar la trazabilidad en la entrega de recursos a las fundaciones, para explicitar quiénes han estado involucrados en esas transferencias y no necesariamente tener que esperar el resultado de una investigación penal.
Lo anterior, particularmente por la exigencia que ha puesto el presidente de la UDI, Javier Macaya, de sacar al ministro Jackson.
"Yo veo una cuestión retórica al decir 'caiga quien caiga' y lo que más cae es una subsecretaria que no mucha gente conoce, un seremi que nadie se acuerdo. Si hay una persona que uno vincula a estar en el ADN fundacional de un movimiento, posterior partido político como Revolución Democrática, que tiene un vínculo muy cercano con la directora de Presupuestos, que lo hacen ser un símbolo político, creemos que Giorgio Jackson es el único que puede marcar un antes y un después de uno de los casos de corrupción más grave que hayan ocurrido en Chile", reiteró el senador gremialista.
Por su parte, el diputado Cristián Araya (Republicano), confirmó la ampliación de una querella ingresada en Antofagasta por el caso Democracia Viva: "Hemos incorporado en esta querella al ministro Giorgio Jackson, a Miguel Crispi y a Javiera Martínez. Lo notificamos desde ya, y van a ser parte de este proceso", anunció.
En paralelo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, consultado respecto de las novedades que hay en el "caso convenios", señaló que hay una orden de detención pendiente en la Región de Los Lagos por una hebra del escándalo.
En dicha zona está en prisión preventiva el excandidato presidencial de la Lista del Pueblo, Diego Ancalao, por la arista relacionado con la Corporación Kimün.
"Hay una orden de detención pendiente. No vamos a proporción detalles de momento sobre su identidad ni tampoco sobre el motivo de esa orden de detención. Nos parece que hoy, en el actual estado de cosas, entregar ese antecedente atentaría contra el éxito (de la indagatoria)", indicó Valencia.
En el ámbito político, la Cámara de Diputadas y Diputados definirá esta tarde los integrantes de la Comisión Investigadora del Caso Convenios.
"Hoy la conformamos y mañana comienza el trabajo de la Comisión Investigadora por los convenios y las transferencias de recursos. Mañana se constituye, se elige presidente, se hace toda la formalidad y el miércoles empieza a trabajar ya normalmente", dijo el titular de la Corporación, Ricardo Cifuentes (Democracia Cristiana).
Por otra parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, profundizó hoy en su respaldo a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, militante de RD, a quien la oposición ha acusado de relajar las exigencias para la transferencia de recursos a los Gobiernos Regionales.
El secretario de Estado explicó que con la actual Ley de Presupuestos se fortalecieron las capacidades de los GORE para que pudieran ejecutar sus propios proyectos y no tener que transferir recursos a privados. Tanto así que del 60% de las transferencias de capital que el año pasado se hicieron a instituciones privadas, ahora se bajó a menos de 20%.
Marcel aseveró además que Martínez debió realizar un ajuste fiscal profundo del 23% y lo hizo sin conflicto político y protegiendo a las familias de menores ingresos. "Lo hizo con brillantez", recalcó.
"La evidencia muestra que el lugar de estimular los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro en realidad se desestimuló, porque la enorme mayoría de los casos que están siendo investigados, de convenios, de Gobiernos Regionales, con fundaciones, con instituciones sin fines de lucro, son del año 2022, no son del año 2023", explicó.
