El ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó este domingo un fuerte respaldo a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), en medio de los cuestionamientos que ha recibido por el escándalo del caso convenios, que involucra millonarias transferencias desde reparticiones del Estado a fundaciones.
En detalle, las críticas se deben a las modificaciones a ciertas glosas presupuestarias de los Gobiernos Regionales en la Ley de Presupuestos 2023, además de los cambios de criterio realizados en el sistema de auditorías en junio del 2022 por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres), dado que -advierten- se flexibilizó la entrega de recursos.
En entrevista con Mesa Central de Canal 13, Marcel señaló que Martínez, en su opinión, es "probablemente, la mejor directora de Presupuestos que hemos tenido, por su conocimiento, por su dedicación y por su honradez, y quiero decirle que en esa comparación incluyo a todos los directores de presupuesto, incluyéndome a mí mismo (fue entre el 2000 y 2006)".
Sobre los cuestionamientos, el jefe de la billetera fiscal dio cuenta que "las modificaciones en la Ley de Presupuesto para el 2023, que básicamente tenían por objetivo incrementar la capacidad ejecutora de los gobiernos regionales, son posteriores a los casos que se están investigando".
"Difícilmente uno podría decir que las modificaciones del presupuesto del 2023 son responsables de cosas que ocurrieron en el 2022. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Región de Los Lagos, ahí hasta donde nosotros hemos podido identificar, hay 17 convenios que están siendo investigados. De todos ellos, hay solamente uno que es del año 2023 y por 107 mil pesos. Hay casos del 2021 y hay casos del 2022", puntualizó el secretario de Estado.
OPOSICIÓN INSISTE CON LA SALIDA DE JACKSON
Pese a esto, la oposición insiste en que debe haber responsabilidades políticas por el escándalo y apuntan, nuevamente, al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, dado que era quien comandaba las la Segpres al momento de las modificaciones de criterio en el sistema de auditorías.
"La malas decisiones del ministro Jackson y su ineptitud tiene inmerso al gobierno en un caso de corrupción que ya se va extendiendo por distintos ministerios. Es hora que responda políticamente por su mala administración, por sus malas decisiones", solicitó el diputado RN Frank Sauerbaum, quien lamentó también que "el Gobierno tenga tanta cercanía con el ministro Jackson que se haya transformado en intocable".
Según el jefe de bancada de ese partido, "las decisiones que tomó Jackson trajeron como consecuencia un relajo en las medidas de fiscalización y de auditoría interna que permitieron que miles de millones de pesos terminaran en los bolsillos del Frente Amplio y no en los bolsillos de los más pobres, que justamente son los que más lo necesitan".
Desde Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke afirmó que ante "este nuevo antecedente, que es que esta comisión que debía auditar los traspasos fue expresamente mandatada para no informar, uno naturalmente que tiene una sospecha razonable".
"La arista penal la tendrá que ver el fiscal y la arista administrativa la está viendo con contralor, pero sin duda que acá también caben responsabilidades políticas", indicó el parlamentario.
El diputado UDI Guillermo Ramírez sostuvo, en tanto, que "las personas que han salido tienen responsabilidad o podrían tener responsabilidad penal o administrativa, pero responsabilidad política ninguna. El Consejo de Auditoría General de la Segpres, que tomó la decisión en su momento de que no era necesario comunicar ni auditar las transferencias, es absolutamente inexplicable esa decisión de las Segpres durante el período en que Giorgio Jackson era ministro de la Segpres y por supuesto que ahí también hay una responsabilidad política".
Desde el oficialismo, la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social), presidenta de la Comisión de Hacienda, señaló que "los informes que se hacían por parte de este organismo son más globales y, por lo tanto, no se refieren a los convenios en particular o las transferencias directas en particular. A ese propósito están abocadas las auditorías internas que ya se han levantado, 70 a la fecha, pero eso no pasa primero por estos informes, por lo tanto, no los podríamos haber previsto".
Mientras que la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, afirmó qué "buscar justificaciones de si esto habría ocurrido con otras normas o no, a mí me parece que lo primero es condenar la ética. En segundo lugar, hay fallas normativas. Efectivamente las hay. Hay fallas porque no tenemos una ley marco de transferencias a privados en el Estado de Chile, de manera tal que cada servicio que tiene que hacer transferencias las hace conforme a normativa interna. El Consejo de Auditoría Interna del Gobierno no tiene normativa legal, no tiene recursos propios".
Desde la bancada de Renovación Nacional (RN) se envió formalmente una solicitud al presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), para realizar una sesión especial que trate esta situación.
