Aníbal Fernández volvió a defender la decisión de la Conare.
"Lo único que presentó Chile fue una revista clandestina, en donde un tal Salvador se adjudicó los hechos", señaló.
El Gobierno de Argentina insistió este miércoles en que "no ha habido elementos fundados" para la extradición del ex frentista Galvarino Apablaza Guerra, caso que generó en los últimos días tensión entre Buenos Aires y Santiago.
"No hay elementos fundados que impliquen a Apablaza Guerra en los delitos que se le imputan. Lo único que presentó Chile fue una revista clandestina, en donde un tal Salvador se adjudicó los hechos", indicó el jefe del Gabinete argentino, Aníbal Fernández.
El funcionario recordó en declaraciones radiales que tanto la legislación argentina como la internacional requieren que para que proceda la extradición se deben acreditar "elementos fundados" sobre la vinculación de una persona con un delito.
Explicó que en este caso concreto, el juez federal Claudio Bonadío, que estuvo al frente del proceso judicial de extradición en Argentina, ni siquiera pudo comunicarle a Apablaza Guerra las pruebas que había presentado el vecino país para exigir su presencia.
Fernández: La decisión no pone en tela de juicio al Gobierno chileno
El jefe de los ministros aclaró que la decisión de Argentina de no conceder la extradición no debe analizarse como una actitud "que pone en tela de juicio a la democracia chilena" o "al Gobierno chileno".
"Tampoco creemos que haya una persecución, ni actitudes en contra de los derechos humanos. En esto no hay diferenciación de acuerdo al país que lo solicite", ahondó.
Fernández dijo, incluso, que el gobierno argentino aceptaría una decisión similar de su par chileno en el hipotético caso de que un acusado de crímenes de lesa humanidad por la Justicia de Argentina recibiera refugio político en Chile.
En tanto, un grupo de parlamentarios chilenos solicitó este miércoles al Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP) que intervenga en el caso del senador derechista Jaime Guzmán, asesinado en 1991 por un grupo de guerrilleros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
El Senado chileno informó en un comunicado que los senadores Juan Antonio Coloma, de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) y Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista, entregaron un documento en la sede del organismo, en Ginebra.
