Ruggero Cozzi afirmó que si bien la propuesta votada "no era correcta", sí se requiere una "reforma integral al sistema".
Tres artículos, uno de los cuales mandataba fijar por ley los aranceles notariales, quedaron a apenas dos votos de ser aprobados por el Pleno.
El Pleno de la Convención Constitucional rechazó todos los artículos que apuntaban a regular el sistema notarial del país, contenidos en el último informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, votaciones que lamentó profundamente el consituyente de RN Ruggero Cozzi, quien considera que debe promoverse una "reforma integral" al respecto.
Tras alcanzar 101 votos a favor, quedando a apenas dos del quórum de dos tercios (103), se cayeron tres normas: aquella que consagraba que "el Estado será garante de la fe pública, debiendo regular y supervigilar el funcionamiento de notarías, archiveros, conservadores"; la que establecía que "los notarios, archiveros, conservadores y demás encargados de resguardar la fe y los registros públicos, serán designados por el Consejo de la Justicia, previo concurso público establecido por ley"; y la que mandataba que "la ley establecerá anualmente el monto de tasas o aranceles, así como las causales de exención de las mismas, por las actuaciones que involucren el resguardo de la fe pública".
"Me parece lamentable que, habiendo propuestas de distintos sectores políticos, nosotros también hicimos la propia, una vez más los notarios hayan logrado salirse con la suya, esa es la verdad", reaccionó Cozzi. Para éste, "sin embargo, la propuesta que hoy estaba en discusión no es la correcta, ya que de algún modo estatizaba excesivamente los servicios notariales, cuestión que es sumamente discutible y no nos parecía lo correcto".
De todos modos, "se pierde una oportunidad, pero creo que más temprano que tarde tiene que haber una reforma integral al sistema de fe pública en Chile", opinó el convencional RN, puesto que "los servicios son muy caros, no son de calidad y obviamente la ciudadanía está esperando que en algún momento podamos cambiar este sistema".
En el Congreso Nacional se tramita desde septiembre de 2018 un ley que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, impulsada por el Gobierno de Sebastián Piñera, propuesta que desde hace dos años permanece en su segundo trámite en el Senado pese a que aquella Administración le ingresó decenas de urgencias. Asimismo, desde mayo de 2020 se encuentra en la Cámara Baja, en primer trámite, otra iniciativa que apunta a "desnotarizar" la vida de los chilenos eliminando el requerimiento de firma notarial para 11 trámites.
En tanto, el Pleno avanza con otras votaciones del informe de Sistemas de Justicia. Entre ellas, aprobó la nueva propuesta sobre la Dirección Superior del Ministerio Público, que recaerá en la figura del fiscal o la fiscal nacional y no en un consejo como se había propuesto anteriormente, lo que valoró el fiscal nacional, Jorge Abbott. La duración en el cargo, en tanto, será de seis años y no de ocho como en la actualidad.
También fueron visadas normas reformuladas sobre el Banco Central anteriormente rechazadas, en tanto que, por otro lado, fueron aprobadas las atribuciones de la Agencia Nacional del Agua, un órgano nuevo que ejercerá un rol importante en la adjudicación y redistribución de autorizaciones administrativas para el uso de aguas, que ya no serán derechos.
Por otra parte, el Pleno rechazó la creación del Consejo y la Agencia del Medio Ambiente; al igual que el Consejo de Pueblos Indígenas.
