El Juzgado de Letras y Trabajo de Santa Bárbara condenó al municipio de Alto Biobío al pago de más de 100 millones de pesos en indemnización a cinco trabajadores a los que no se les renovó el contrato a plazo fijo a fines del año 2019.
Se trata de cinco ex funcionarios de la salud que desempeñaban sus funciones, en un caso hace más de 15 años, en postas rurales de Malla Malla, Bultalelbum y el Cesfam de Ralko, a quienes les llegó la notificación de que por un déficit presupuestario no podían seguir contando con sus servicios.
El tribunal dio por acreditado que dicho argumento es inexistente debido a que no pudo ser acreditado y que además los cargos de técnicos en enfermería y administrativos fueron inmediatamente tomados por otras personas. Los demandantes acusaron el pago de favores políticos, sin embargo, esa situación jurídicamente fue tomada de manera parcial, por el solo hecho de que quienes asumieron no militaban en partido político.
En específico, los demandantes acusaron que las personas contratadas habían facilitado sus casas en sectores apartados para poner propaganda política del alcalde a la reelección, Nibaldo Piñaleo.
El fallo alude a la causal de discriminación de los funcionarios desvinculados: "Ello porque ante una misma situación de hecho de déficit presupuestario, se eligió desvincular a los demandantes y no a otras personas, y poner en su lugar a personas afines a las ideas políticas del alcalde, cuando en su lugar podrían haberse adoptado otras medidas".
La voz de los demandantes
Paola Panes, ex funcionaria desvinculada, señaló que "el argumento era el tema de déficit monetario que se presentaba a esa fecha; luego de un par de meses me entero por la comunidad y por el colega que trabajaba ahí que mi puesto fue ocupado, hubo una reorganización y mi puesto lo ocupó alguien netamente para la devolución de favores políticos".
Por su parte Evelyn Monsálvez, ex administrativa del Cesfam Ralko, dijo que "esto venía pasando año tras año, entonces esto que estamos haciendo hoy día es para que no siga sucediendo nunca más, que no se sigan vulnerando los derechos de los funcionarios".
El abogado demandante David González explicó que "fueron despedidos discriminándolos mediante la vulneración de derechos fundamentales que fue el no trato igualitario de todos los trabajadores".
"Se logró acreditar en este juicio que el alcalde de turno iba a pagar favores respecto a personas de la comunidad, privilegiando el acceso a estos cupos a personas que tenían afinidad y el alcalde les debía favores, esto logró ser acreditado", agregó.
Además del pago, el municipio deberá pedir disculpas públicas a las personas despedidas de manera discriminatoria.
El municipio de Alto Biobío interpuso un recurso de nulidad a la sentencia de primera instancia.
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