Amnistía Internacional advierte: Ley venezolana es "un perdón al Estado desde el olvido"
La organización cuestiona la norma y acusa falta de garantías para esclarecer violaciones a los derechos humanos.
En ese contexto, aunque la legislación abarca hechos entre 1999 y 2026, en la práctica solo considera 13 casos.
Desde la sociedad civil alertan que el proceso podría consolidar prácticas autoritarias y limitar la rendición de cuentas.
La Amnistía Internacional alertó que la ley de amnistía aprobada en febrero por el Parlamento de Venezuela —de mayoría chavista— podría favorecer al propio Estado, al limitar su alcance efectivo y no garantizar procesos de verdad y justicia.
Así lo sostuvo el director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, quien en entrevista con EFE afirmó que la norma, que en teoría cubre hechos entre 1999 y 2026, en la práctica solo considera 13 casos específicos.
"Es algo súper importante y útil, pero su principal función es perdonarse el mismo Estado desde el olvido", señaló el representante, , y agregó que no se ha construido "un proceso de establecimiento de verdad para que no vuelva a repetirse esto nunca más".
El Estado intenta aliviar la carga que enfrenta proyectando una apariencia de justicia, pero lo hace mediante un proceso "caprichoso" en el que las personas acceden a la libertad.
Asimismo, remarcó que "todas las personas (detenidas por razones políticas) deben estar libres independientemente de la ley" .
El activista cuestionó que las familias deban recurrir a gestiones insistentes para lograr la liberación de sus cercanos, sin garantías de que el proceso permita terminar con los graves patrones de vulneración de derechos humanos en el país.
Según la normativa, la amnistía incluye delitos vinculados a hechos como el intento de golpe de Estado de 2002, el paro petrolero de ese mismo año, protestas ocurridas entre 2004 y 2017, así como procesos electorales recientes y actuaciones parlamentarias entre 2016 y 2021.
Gómez enmarcó esta medida en discusiones más amplias sobre seguridad jurídica e inversión extranjera, en medio de contactos entre el gobierno de Estados Unidos —liderado por Donald Trump— y la administración encabezada por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en enero.
"Lo que no se está tomando en cuenta es que esto es una trampa si simplemente se construye alrededor de un autoritarismo judicial, una capacidad del Ejecutivo de involucrarse y decidir quién queda en libertad" advirtió.
Respecto a la implementación, indicó que "solo 690 personas han sido deliberadas" y acusó que otras cifras corresponden a "propaganda alrededor de personas ya excarceladas a las que se mantenía bajo régimen de presentación".
También denunció la falta de registros oficiales: "El propio Estado no tiene una claridad del alcance de su represión. Ellos no tienen un listado central con el que permita a organismos, a la comunidad internacional, verificar que efectivamente la gente está liberada".
Finalmente, advirtió sobre la necesidad de incluir a la sociedad civil en cualquier proceso de cambio y señaló que, de lo contrario, las transformaciones en curso podrían terminar reproduciendo los patrones autoritarios.