Plan de seguridad del Gobierno abre debate sobre cárceles y crimen organizado
Ante la propuesta impulsada por Steinert, diputados y especialistas insistieron en la necesidad de fortalecer la fiscalización de mercados usados para lavado de activos.
Los parlamentarios hicieron un llamado a fortalecer la fiscalización no solo en delitos principales, sino también en "mercados secundarios".
Se pide al Gobierno que la recuperación del control territorial vaya acompañada de medidas con "un efecto real".
Tras una serie de cuestionamientos y presiones, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, presentó esta semana un plan de gestión para su cartera centrado en la lucha contra la delincuencia.
La iniciativa se articula en torno a tres ejes fundamentales: la recuperación del control territorial, el incremento de la eficacia policial y del sistema de persecución criminal, y el fortalecimiento institucional.
Si bien este anuncio ha sido recibido con una valoración positiva por parte de los expertos en seguridad, parlamentarios de diversos sectores han manifestado la necesidad de que estas propuestas se traduzcan en acciones concretas.
"Es un buen plan. Ahora lo que nosotros estamos esperando es que esas medidas se concreten, que nos hagan llegar a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados los proyectos de ley que se comprometen en ese plan", analizó el diputado Eduardo Cretton (UDI).
Asimismo, destacó la importancia de poner el foco "en las rutas, en la incautación de drogas, en mayor tecnología para combatir el crimen organizado".
El parlamentario gremialista también hizo un llamado crítico al sistema penitenciario: "lo que nosotros esperamos es que el plan de cárceles efectivamente se lleve a cabo, porque hoy, lamentablemente, las cárceles se han transformado en universidades del delito".
Por su parte, el diputado socialista Raúl Leiva hizo hincapié en que "es necesario regular y fiscalizar de mejor manera todos los mercados de los cuales se vale el crimen organizado para generar recursos y también para lavar activos".
Esta visión -detalló- incluye la necesidad de "regular el comercio sexual, que es algo muy necesario junto con fortalecer la fiscalización de los mercados secundarios: barberías y ópticas", que también pueden ser utilizados por el crimen organizado.
En tanto, los especialistas en seguridad apuntan que los ejes anunciados por el Gobierno en este plan para combatir la delincuencia van en la línea correcta, pero que deben enfocarse en objetivos concretos y no solo eslóganes.
Fiscal demanda acciones contra mercados ilegales que financian el crimen organizado
En una línea similar, el líder del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, el fiscal Héctor Barros, puso el foco este jueves en la necesidad de abordar la legislación sobre mercados ilegales que sirven como sustento económico para las bandas criminales.
"Creo que lo que ha faltado es que nosotros nos hagamos cargo de los mercados ilegales", afirmó el persecutor en entrevista con Cooperativa, dando cuenta que "hay países, por ejemplo, que sancionan el requerir el servicio sexual, (algo que) aquí en Chile no pasa".
"Podría tener consecuencias importantes el penalizar de alguna manera este servicio, porque eso permitiría, a lo mejor, una disminución de interés de las organizaciones criminales por venir a situarse acá", puntualizó.
Barros también hizo hincapié en la magnitud del problema de la extorsión y otros delitos, revelando que "30% mínimo de los secuestros son falsos, eso es un gasto y un despilfarro de recursos para el Estado inmenso. Y, por ejemplo, no legislamos en ese ámbito".
Esta situación, según el fiscal, contribuye a una escalada de violencia. "Lo que está ocurriendo hoy es que están disparando a matar, ya no son advertencias, sino que derechamente disparan a la cabeza", sentenció.