Gobierno intenta contener fuego interno tras reparos de Salud por datos de migrantes irregulares

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, precisó el alcance de la propuesta del Ejecutivo que obliga a instituciones de salud, previsionales o de educación a informar a las autoridades sobre migrantes irregulares, después de que la idea fuese cuestionada por la propia titular del Minsal, May Chomali.

Se trata de una indicación ingresada en el marco del proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas -actualmente en segundo trámite en la Comisión de Gobierno del Senado-, y busca aprovechar todo tipo de contactos entre estas personas y el Estado para identificarlas y proceder a expulsarlas.

"Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y contralora los antecedentes que éstas requieran", reza la moción.

De este modo, instituciones como Fonasa, isapres y AFP, al igual que hospitales, consultorios y establecimientos educacionales, deberían informar "el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación".

La indicación no solo ha causado reparos en la oposición, sino que también en el mismo Gobierno: el superintendente de Salud, Fernando Riveros, relevó en Cooperativa este viernes que, bajo el actual ordenamiento jurídico, los datos clínicos son "sensibles y confidenciales".

Poco después, coincidió con el regulador la ministra Chomali: "Esa información se está entregando en el contexto de una atención sanitaria, y está resguardada por el código sanitario y por la ley de deberes y derechos de los pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente", subrayó en Radio T13.

La aclaración del Gobierno

Ante tales objeciones, el subsecretario Pavez aseguró que "nunca ha estado en el texto, ni en la intención del Gobierno, ninguna obligación que se parezca a un reporte o denuncia, porque eso no está en el espíritu de la ley".

Según la autoridad de Interior, el propósito de la moción es "dotar de algo que tanto el Servicio (Nacional de Migraciones) como las policías nos han pedido, porque ocurre que cuando se inicia un procedimiento de expulsión o de sanción, se notifica a una persona y después cuesta mucho encontrarla".

El subsecretario Pavez ingresó la polémica indicación la semana pasada. (Foto: ATON)

Es decir, la indicación pretende que "sólo cuando hay un procedimiento migratorio en curso, el organismo respectivo pueda oficiar para obtener algún antecedente que nos permita ubicar a esas personas, ya sea por salud, por educación o en materia previsional", remarcó.

Dado lo anterior, Pavez afirmó que la propuesta no contraviene la normativa vigente, pues la información no sería utilizada para fines distintos a los que requieran las policías o Migraciones.

Defensoría de la Niñez ofició al Senado

Por su parte, la Defensoría de la Niñez ofició a la Comisión de Gobierno del Senado para "hacer presente, no solo el riesgo que una medida como la propuesta puede significar, sino que haciendo un llamado explícito a realizar un análisis" de la misma que contemple el marco legal vigente.

En un comunicado, la institución emplazó al Ejecutivo y al Congreso a reconsiderar esta moción, puesto que la normativa actual establece que el Estado debe adoptar "todas las medidas administrativas, legislativas o de otro carácter para la defensa y protección, particular y reforzada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes provenientes de grupos sociales específicos, tales como migrantes, pertenecientes a comunidades indígenas o que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica".

"Preocupa especialmente que hospitales, consultorios, jardines infantiles, escuelas y otros espacios esenciales para el desarrollo de la niñez sean percibidos por las familias como lugares de fiscalización migratoria. Y ese solo temor puede provocar que niños, niñas y adolescentes dejen de asistir a controles médicos, a campañas de vacunación, a atención de urgencia, a espacios educativos, o espacios de protección, afectando directamente sus derechos", alerta el escrito.