UDI, RN, Evópoli, PS y FA proponen subir exigencias para acusaciones constitucionales
Un arco transversal de parlamentarios estima que la herramienta se ha banalizado y hoy sólo fomenta la irresponsabilidad y la venganza política.
No apoyan el planteamiento los partidos Republicano y Nacional Libertario, impulsores del libelo contra Nicolás Grau.
La reforma planteada impone la interpelación parlamentaria como requisito obligatorio y previo para acusar constitucionalmente a un ministro de Estado.
Un bloque transversal de parlamentarios que incluye a la UDI, Renovación Nacional (RN), Evópoli, el Partido Socialista (PS) y el Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de reforma constitucional para endurecer los requisitos de las acusaciones constitucionales en Chile.
El objetivo primordial es devolverle su carácter de "herramienta de última instancia" y evitar la banalización de este mecanismo fiscalizador que posee el Congreso.
La propuesta surge como respuesta al incremento exponencial de estos procesos durante las administraciones de los presidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
Según los impulsores, el sistema actual permite que grupos minoritarios interrumpan la agenda legislativa con costos políticos mínimos.
Nuevas exigencias: subir de 10 a 20 las firmas requeridas
La reforma plantea tres cambios operacionales críticos: duplicar el patrocinio inicial de 10 a 20 diputados, exigir una interpelación previa obligatoria para ministros de Estado y requerir que la admisibilidad sea aprobada por la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio.
"La acusación constitucional se ha transformado en una herramienta que secuestra el debate político por parte de grupos menores. Bastan hoy 10 firmas, (por lo que) tiene muy bajo costo político y permite una irresponsabilidad política enorme, dado que no se paga costo ciudadano ninguno", advirtió el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.
Según advirtió el legislador, esta problemática "no distingue sector político; se da tanto en sectores de derecha como en sectores de izquierda".
Mientras que el diputado Diego Schalper (RN) hizo un llamado a la estabilidad, señalando que, frente al clima político actual, lo que corresponde es "construir soluciones que le permitan al país recuperar su estabilidad", especialmente en momentos donde se discuten libelos como el presentado contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.
Estabilidad institucional vs. fiscalización
Desde la oposición, la visión coincide en que el tiempo legislativo debe optimizarse. La diputada Gael Yeomans (FA) subrayó que "es necesario poder actualizar nuestras herramientas de fiscalización, que siguen siendo parte de las facultades que tienen los parlamentarios".
De todas maneras, dio cuenta que "esa facultad necesitamos ejercerla con la responsabilidad primero social y en las personas, porque ese tiempo que estamos destinando a revisar estas acusaciones constitucionales, que luego no llegan a ningún puerto, podríamos haberlo destinado a las necesidades que tiene la sociedad".
Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro afirmó que "las acusaciones constitucionales se han degradado".
"Se ha producido una acción vengativa de carácter político contra autoridades que la mayoría de las veces ha terminado siendo infructuosa porque no logró mayorías y fue presa de sectores minoritarios", explicó el parlamentario del PS.
Republicanos se dividen ante reforma que busca elevar exigencias para AC
Frente a la opción de aumentar los requisitos para presentar acusaciones constitucionales, el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, afirmó que su sector optó por no adherir formalmente a la presentación del proyecto para evitar conflictos con los diputados de su partido, quienes actualmente lideran la ofensiva contra el ministro Grau.
No obstante, Squella validó el fondo de la reforma: "Me parecen adecuados los cambios propuestos, los vamos a apoyar", sostuvo, según consignó La Tercera.
"En la misma línea de buscar estabilidad, se podría acordar también devolverle el quórum a la Constitución que transitoriamente se bajó hace algunos años. Ese sería el mejor aporte a las instituciones del país. Hacemos un llamado a todos los sectores políticos a que nos hagamos cargo de eso también en esta misma reforma", declaró el parlamentario.
Desde la jefatura de la bancada de diputados, Benjamín Moreno coincidió en que "es una buena idea subir requisitos para la AC. Desde el Partido Republicano siempre hemos impulsado un uso responsable, donde se justifica en la gravedad de los hechos acusados".
"Por eso creemos que el aumentar los requisitos va en línea con lo gravosa que es la herramienta", señaló Moreno, añadiendo que elevar los quórums constitucionales le daría "más estabilidad al país".
Sin embargo, esta visión técnica no es compartida por todos los integrantes de la bancada, donde algunos leen la propuesta como una maniobra para limitar la fiscalización. El diputado Agustín Romero arremetió contra el consenso alcanzado por parlamentarios desde la UDI hasta el Frente Amplio.
"Es curioso que el mismo grupito transversal que se puso de acuerdo para abrir un segundo proceso constitucional después del Rechazo ciudadano hoy se pone de acuerdo para dificultar las AC. Como que siempre encuentran consenso cuando se trata de limitar el control político o corregir lo que la ciudadanía decidió", enfatizó el parlamento.
En tanto, el diputado libertario Pier Karlezi manifestó su oposición al proyecto: "No me sorprende absolutamente nada que la clase política quiera hacer más difícil que se cobren responsabilidades. Después de años de abuso y de conducción irresponsable del país, ¿cuál es la respuesta de la clase política? ¿Hacer las cosas mejor? No. La verdad es que los chilenos deben comenzar a elegir si quieren seguir con esta clase política o si quieren una renovación completa de quienes nos dirigen", criticó.