Expertos ONU solidarizaron con juez chileno querellado por condenados de DD.HH.
El presidente de la Corte de Temuco, Álvaro Mesa, enfrenta una arremetida de militares sentenciados por un crimen del año 73 .
Esta acción "constituye una injerencia indebida en la independencia judicial y provocará inevitablemente un efecto amedrentador", advirtieron relatores internacionales.
En una declaración pública, los firmantes recordaron que el resguardo de los magistrados frente a represalias externas es indispensable para asegurar la imparcialidad, el acceso a la justicia y la rendición de cuentas.
Expertos de la ONU en derechos humanos expresaron este martes su profunda preocupación por los procesos penales iniciados contra un juez chileno por sus decisiones judiciales, y advirtieron que tales acciones podrían socavar la independencia judicial y el Estado de derecho.
En una declaración pública, manifestaron su inquietud por los cargos penales presentados contra el ministro Álvaro Mesa Latorre, presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco con una larga trayectoria en la investigación y resolución de casos relacionados con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"El uso del derecho penal para cuestionar la interpretación de la ley y la valoración de las pruebas, por parte de un juez, constituye una injerencia indebida en la independencia judicial y provocará inevitablemente un efecto amedrentador en las y los jueces que se ocupan de casos de derechos humanos", afirmaron los expertos.
El proceso se deriva de una querella presentada por la abogada Carla Fernández, quien representa a tres exoficiales del Ejército condenados por cómplices de homicidios calificados y apremios ilegítimos en el caso "El Polvorín", cometido en 1973 en Temuco.
Según el panel de expertos ONU, en la acción contra Mesa "se alega, sin fundamento, la conducta judicial indebida basada en la aplicación, por parte del juez, de las normas internacionales de derechos humanos y de derecho penal internacional. Esto, a pesar de que esa misma jurisprudencia habría sido aplicada de manera consistente por los tribunales chilenos, incluida la Corte Suprema, en casos relacionados con graves violaciones de los derechos humanos".
"Nos consterna conocer de informes que indican patrones más amplios de presión e intimidación dirigidos contra jueces, fiscales y abogados involucrados en los procesos de rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante la época de la dictadura cívico-militar en Chile", dijeron los expertos.
"Entre ellas se incluyen amenazas de procedimientos de acusación constitucional, denuncias penales infundadas y ataques públicos relacionados con decisiones judiciales", añadieron.
Enfatizaron que "las y los jueces deben poder desempeñar sus funciones sin sufrir intimidación, acoso ni represalias. Los desacuerdos con las decisiones judiciales deben abordarse a través de los mecanismos de apelación establecidos, no mediante el enjuiciamiento penal de jueces".
Asimismo, recordaron que "la inmunidad judicial para los actos realizados de buena fe en el ejercicio de las funciones judiciales es una garantía fundamental diseñada para proteger a las y los jueces de presiones externas y preservar la imparcialidad en la toma de decisiones".
"Cualquier intento de disuadir a las y los jueces, fiscales o abogados de aplicar las normas internacionales de derechos humanos en casos que involucren violaciones graves de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional, corre el riesgo de debilitar la rendición de cuentas y el acceso a la justicia para las víctimas", concluyeron los expertos, que dijeron que están en contacto con el Gobierno de Chile respecto a este tema.
Los firmantes son los relatores de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite; sobre la promoción de la verdad y la justicia, Bernard Duhaime; y los miembros del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas.