Casi 800 mil millones de pesos: el pozo de fondos públicos sin movimiento que detectó Contraloría
El hallazgo se produjo mediante la plataforma de análisis masivo de datos y alertas de riesgo Radar.
Los registros financieros observados corresponden a cuentas paralizadas entre los periodos 2020 y 2024, las cuales continuaban sin registrar actividad a marzo de 2026.
Del total pesquisado, 641.954 millones de pesos pertenecen a organismos de la administración pública y 154.486 millones de la divisa nacional corresponden al ámbito municipal.
Un total de 796.440 millones de pesos en saldos contables sin movimiento fueron detectados por la Contraloría General de la República (CGR) en diversas entidades del sector público y municipal, tras una revisión efectuada a través de su herramienta de análisis de datos con alerta de riesgo, Radar.
Según consignó Emol, los fondos corresponden a dineros registrados en cuentas financieras que no presentaron variaciones entre el 2020 y 2024, y que permanecían en la misma condición de inactividad a marzo de 2026.
La información fue consolidada a partir de los datos ingresados al Sistema de Contabilidad General de la Nación (Sicogen), plataforma administrada por el propio organismo de control.
Al revisar el origen institucional de los recursos estancados, la mayor parte se concentra en el sector público, que acumula 641.954 millones de pesos, mientras que en el ámbito municipal la suma llega a los 154.486 millones de la divisa nacional.
La identificación de estas partidas levantó alertas debido a la prolongada falta de conciliación y gestión administrativa sobre dichos montos.
Riesgos para la gestión pública y cuentas por cobrar
Desde el ente fiscalizador explicaron que, aunque la existencia de saldos inactivos no representa necesariamente una irregularidad por sí sola, su prolongación en el tiempo sí genera riesgos considerables para la administración estatal.
Entre las principales complicaciones se encuentran la eventual pérdida de fondos que deben ser recuperados mediante acciones de cobranza, la presencia de dineros transferidos que no se están utilizando para los fines previstos y la falta de información financiera actualizada o confiable al momento de tomar decisiones.
A lo anterior se suma que más del 90% de los recursos detectados corresponden a cuentas por cobrar. Al depender de gestiones de cobro activas y no constituir dinero disponible de forma inmediata en caja, existe un alto riesgo de que estas sumas caigan en la incobrabilidad o en la prescripción legal.
Frente a este escenario, la Contraloría notificará los antecedentes a los servicios públicos y municipalidades involucradas.