El informe detectó pagos de viáticos a funcionarios ausentes, cuentas corrientes ocultas y pagos duplicados a personal de la institución en el extranjero.
"Es súper necesario que el tema de las platas esté ordenado", señaló el diputado Jorge Alessandri (UDI).
Una auditoría detectó irregularidades en 352 permisos de circulación en la primera comuna, donde la alcaldía culpa a la administración anterior.
En Caldera, en tanto, se está realizando un juicio de cuentas contra la alcaldesa y 23 funcionarios.
Héctor Ulloa (PPD) pidió que Contraloría investigue los "requisitos a la medida de postulantes" de la confianza del alcalde socialista Gervoy Paredes.
El diputado Fidel Espinoza, correligionario del jefe comunal, reaccionó con "vergüenza".
Pablo Prieto se acercó este jueves a Andrés Celis -compañero de bancada- a quien denominó de modo anónimo y subrepticio "El Justiciero".
El conflicto lo desató la arremetida de Coloma hijo (UDI) en contra de "Contralorito".
El organismo halló 25 casos, pero la alcaldesa dice que todo es falso y que exigirá "disculpas públicas" del contralor nacional.
Uno de los permisos benefició a una sociedad representada por una abogada de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad.
Esto luego del entrevero que sostuvo con la cuenta de Twitter del emblemático personaje "Contralorito".
"Nada que ocultar", replicó el propio Community Manager del ente fiscalizador.
La municipalidad recibe dinero por parte del casino de juegos ubicado en su territorio, el que en parte fue utilizado sin justificación.
"En ningún caso se trata de un dictamen obligatorio de cumplir", acotó Cathy Barriga, a través de un comunicado.
Desde el municipio acotaron que harán ejercicio de su derecho a defensa.
El organismo fiscalizador recalcó cinco puntos que involucran reintegrar dinero al municipio o sumarios.
Entre ellos están la pintura de un vehículo, la compra de collares y peluches y el pago en servicios por el evento "Maipeluza".
Miles de estos implementos fueron adquiridos por el Estado para niños de escuelas públicas, pero algunos terminaron subastados a cambio de likes de internet.
El proceso se había cerrado por no descubrirse irregularidades en la entrega, pero la Contraloría ordenó volver a ponerlo en marcha hasta agotarlo.
El organismo buscará determinar eventuales responsabilidades administrativas y sanciones por el caso de los cabos "Super Dick", "Destroyer" y "Raptor".
Además, se realizará una investigación por compras de balines y lacrimógenas.
La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) había llamado a la alerta.
María Soledad Velásquez fue gerente y lobbysta de diversos laboratorios, empresas que debía fiscalizar en su nuevo cargo.
"No sabemos a cuántos afecta ni en qué unidades se ha presentado esta situación", señaló Jorge Bermúdez.
Dijo que, en principio, "eventualmente, hubo un incumplimiento de los protocolos que existen en la institución".
"Es parte del proceso de la compra pública la recepción y la certificación de que sea efectivamente lo que se está comprando", afirmó Jorge Bermúdez.
El general director Mario Rozas prohibió esta munición luego que un estudio mostrara que sólo tienen 20 por ciento de goma.
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