Valencia: Investigaciones del 18-O podrían reabrirse "dependiendo de la causa y motivo de cierre"
El embajador de EE.UU. fue convocado a la Cancillería chilena tras afirmar que un análisis de inteligencia de su país vincula el estallido social con "organizaciones de izquierda".
"Yo no quisiera hacer una afirmación de esa naturaleza", dijo el fiscal nacional al evitar validar la hipótesis norteamericana.
En medio de la expectativa generada por la citación a la Cancillería chilena del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó las eventuales implicancias judiciales que podrían tener los antecedentes mencionados por el diplomático norteamericano sobre la autoría del estallido social.
El representante de Donald Trump fue convocado a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores tras declarar en CNN Chile que agencias de inteligencia de su país disponen de información que vinculan a "organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda" con la articulación de las protestas de 2019.
Consultado sobre el marco legal bajo el cual estos eventuales insumos podrían incidir en los procesos penales, Valencia explicó que "depende de la causa; depende del motivo del cierre".
"Las causas que pudieran haber sido cerradas por falta de antecedentes siempre se pueden reabrir y pueden, incluso, hasta juzgarse en la medida en que no hayan transcurrido los plazos de prescripción", aclaró el máximo jefe del Ministerio Público.
Al ser requerido sobre si la Fiscalía valida la hipótesis vertida desde la representación diplomática de EE.UU. sobre la participación de sectores de izquierda, evitó calificar los dichos: "Yo no quisiera hacer una afirmación de esa naturaleza. Precisamente si encargamos concentrar las investigaciones que aún estaban abiertas en un solo fiscal es porque esperamos que esa investigación pueda llegar a responder preguntas como esa y otras más", afirmó.
Por su parte, las declaraciones del embajador también generaron reacciones al interior del Gobierno.
Desde el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, contrapuso la tesis al señalar que sus investigaciones previas -recopiladas para su libro "Siete Kabezas: crónica urbana del estallido social", publicado en 2020- apuntan a que la violencia observada en dicho período respondió principalmente a la segregación urbana, la ausencia estatal en ciertos barrios y la proliferación de dinámicas delictivas y anárquicas.