Operación Ámsterdam: declaran admisible querella por presunta denuncia falsa

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Cooperativa.cl

La acción judicial advierte de una posible falsificación de instrumento público en el origen de la bullada causa.

La denuncia fue presentada por el director de la Corporación Medicinal Regional Dispensario Patagonia, quien sostiene que la indagatoria nació de una consulta que la policía transformó indebidamente en una denuncia penal.

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Según los antecedentes del caso, el personal policial le atribuyó declaraciones sobre adquisición y cultivo de marihuana que el afectado asegura nunca haber realizado.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique acogió a trámite una querella que apunta a la presunta fabricación de antecedentes por parte de personal policial y del Ministerio Público, situación que amenaza la validez jurídica de la denominada Operación Imperio Ámsterdam, causa que dejó a más de 40 personas detenidas a lo largo de Chile por presunto tráfico de marihuana a través de dispensarios.

La acción penal fue ingresada por William Vásquez Martínez, quien encabeza la Corporación Medicinal Regional Dispensario Patagonia, e invoca el delito de falsificación de instrumento público cometido por empleado público, apuntando a funcionarios de la sección especializada de Carabineros y a la fiscalía regional de Aysén.

Origen de la controversia y la supuesta denuncia irregular

Según informó Meganoticias, los hechos que motivaron la querella comenzaron en agosto de 2024, fecha en la que Vásquez se presentó por iniciativa propia en las dependencias del OS-7 de Carabineros de Aysén.

Se dio cuenta que su objetivo era realizar consultas de carácter administrativo vinculadas al funcionamiento de su dispensario medicinal, los contactos institucionales establecidos con entidades públicas y el marco legal para el abastecimiento de flores de cáñamo a través de la empresa Má Botanics.

De acuerdo con la versión de la defensa, dicho encuentro no constituyó una denuncia ni una autodenuncia, como tampoco una entrega de antecedentes delictivos propios o de terceros. Sin embargo, días después el personal policial despachó a la Fiscalía Local de Coyhaique el Oficio Reservado número 311, firmado por dos funcionarios policiales.

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Ante el eventual conflicto de interés en la fiscalía regional de Aysén, se solicitó al fiscal nacional Ángel Valencia designar a un persecutor de otra región para encabezar las pesquisas. (FOTO: ATON)

En aquel escrito se dejó constancia de que Vásquez había denunciado infracciones a la Ley 20.000 y se le imputó haber manifestado que adquiría sustancias para posteriormente cultivarlas, afirmaciones que el afectado rechaza en su totalidad.

La relevancia de la acusación radica en que el cuestionado informe policial sirvió como base para que el Ministerio Público iniciara la causa penal que más tarde derivó en la Operación Imperio Ámsterdam, causa en que la se solicitaron diversas medidas invasivas contra Vásquez y su círculo cercano, incluyendo escuchas telefónicas, vigilancias discretas y labores de seguimiento.

Con el avance de esas diligencias se gestionaron ante los tribunales órdenes de entrada, registro, incautaciones y detenciones masivas en distintas zonas del país, alcanzando alta notoriedad pública tras el arresto de figuras televisivas como Camilo Huerta.

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La causa pone en entredicho la legalidad de los allanamientos, interceptaciones telefónicas y más de 40 detenciones realizadas en el país, incluida la del chico reality Camilo Huerta. (FOTO: ATON)

Conflicto institucional y la solicitud ante el fiscal nacional

La admisibilidad del recurso genera un complejo escenario para la fiscalía regional de Aysén, encabezada por el fiscal regional Hernán Libedinsky, debido a que esa misma repartición fue la que recepcionó el documento inicial, validó los antecedentes y dirigió las actuaciones judiciales cuestionadas. M

Frente a esto, el medio antes citado informó que la defensa solicitó una serie de diligencias, entre las que destacan la toma de declaración como imputados a los funcionarios policiales firmantes del oficio, la entrega de la nómina completa de intervinientes con acceso a la carpeta investigativa y una auditoría técnica sobre el Sistema de Apoyo a los Fiscales y plataformas policiales.

La definición final está en manos del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien fue requerido para ejercer sus facultades legales y designar a un fiscal regional de otra zona del país que asuma la causa con independencia, garantizando el esclarecimiento del origen del megaoperativo policial.