Corte Suprema respaldó a la Tesorería y validó el cobro judicial de deudas del CAE
El máximo tribunal revocó tres sentencias previas dictadas por la Corte de Apelaciones de Arica que intentaban suspender las gestiones de cobro.
La resolución judicial confirma que el organismo fiscalizador cuenta con facultades plenas para ejecutar estos cobros bajo el Código Tributario.
Las acciones de recuperación de estos créditos fiscales continuarán desarrollándose conforme a la normativa vigente.
La Corte Suprema revocó tres fallos de la Corte de Apelaciones de Arica que habían acogido recursos de protección en contra de la Tesorería General de la República (TGR), ratificando las acciones de cobro judicial por deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Con esta decisión, se rechazaron los recursos interpuestos por los deudores y quedó sin efecto lo establecido previamente por el tribunal de alzada ariqueño.
A través de un comunicado, la TGR indicó que el proceso de cobranza aplicado opera mediante "el procedimiento ejecutivo establecido en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario".
A través de esta resolución judicial, el máximo tribunal del país ratificó de forma contundente las atribuciones legales de la Tesorería, asegurando la continuidad de los procedimientos administrativos y judiciales desplegados por el Fisco para la recuperación de estos créditos.
Al respecto, el jefe de la División Jurídica de TGR, Juan Pablo Marras, destacó que "estos fallos ratifican la interpretación legal de Tesorería en esta materia. A su vez, respaldan nuestras facultades para la cobranza judicial de estos créditos fiscales, dejando sin efecto los fallos minoritarios que existían en contra del Servicio".
"Por tal razón, estimamos que, con estas sentencias, la discusión sobre la constitucionalidad y legalidad del actuar de TGR, se zanja de manera definitiva", puntualizó.
Cumplimiento de la ley y resguardo fiscal
Tras la resolución, la Tesorería General de la República reconoció la labor desarrollada por el equipo jurídico del servicio público.
La institución subrayó que estas acciones dan cuenta de la consistencia jurídica en los procesos de cobranza, garantizando tanto el oportuno cumplimiento de la normativa vigente como el debido resguardo del patrimonio fiscal en beneficio de todos los chilenos.