Diputado Araya calificó de "crimen social" el fin del programa "Yo elijo mi PC"
"Estamos en el siglo XXI; hoy la discusión internacional y nacional es respecto a la inteligencia artificial, y el Gobierno les va a quitar la herramienta", advirtió el parlamentario independiente-PPD.
También acusó que el ajuste fiscal provocará la desvinculación de 1.888 docentes en los Servicios Locales de Educación Pública.
El parlamentario calificó de "estupidez" y "falta de respeto" las declaraciones del ministro de Hacienda sobre el empleo docente.
El diputado Jaime Araya (independiente-bancada PPD) arremetió este sábado contra la eliminación de programas como "Elijo mi PC" y la pérdida masiva de puestos de trabajo en el sistema educativo público chileno, cuestionadas iniciativas impulsadas por el Gobierno en medio de recortes por el Presupuesto 2027, y que calificó como "un crimen social".
En entrevista con El Diario de Cooperativa, el parlamentario centró sus críticas iniciales en la supresión del beneficio informático escolar, medida que ha generado amplio rechazo en el país, acusando un desmantelamiento programado de las ayudas sociales.
"Aquí en Antofagasta causó conmoción la decisión respecto de 'Elijo mi PC'. Este año se entregaron acá cinco mil computadores; el Gobierno Regional hizo una inversión adicional de 300 millones de pesos para cubrir a todos aquellos niños que no habían sido seleccionados por el programa original. Y cuando uno mira el panorama nacional, son 97 mil niños que recibieron su computador", analizó Araya.
Debido a este panorama, advirtió que "lo primero que uno tiene que mirar como persona, más que como político, es romperle la ilusión a un niño. Me parece que es una cosa que Chile no se puede permitir".
"En esto llamaría al Presidente Kast a recapacitar en esta medida. Cuando uno mira cuánto cuesta esto, son del orden de los 40 mil millones, no es una cosa que uno pudiera decir que es imposible de abordar para el Estado de Chile", enfatizó el legislador.
Crisis docente en los SLEP y controversia con Hacienda
El diputado también cuestionó la postura del titular de Hacienda frente a las horas lectivas en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), remarcando que el ajuste fiscal significará la salida inminente de casi dos mil profesores de las aulas públicas.
"En el caso de los SLEP, la reducción de 1.888 cupos de profesores, es decir, 1.888 profesores a la calle. Y perdone que lo diga así: la estupidez del ministro (de Hacienda, Jorge) Quiroz, la falta de respeto de decir que aquí no se trata de que el Estado le tiene que garantizar empleo a los profesores. Cualquiera que conozca un poco la educación pública sabe que la sobrecarga de trabajo que tienen los profesores obedece al gran número de alumnos por sala", arremetió Araya en Cooperativa.
"Entonces, cuando tenemos la posibilidad, producto de un problema que tiene Chile, que es un problema demográfico, de bajar la cantidad de alumnos por sala, quieren mantener esta estructura errática que hemos tenido: 42, 43, 45 niños por sala, en circunstancia de que colegios particulares tienen la mitad -22 o 23 alumnos-, y por eso hay una diferencia sustancial en materia de calidad", enfatizó el parlamentario.
Para el parlamentario, privar de tecnología y recursos a las escuelas públicas resulta un retroceso formativo mayúsculo frente a los desafíos mundiales contemporáneos.
Según dijo esperar, "los padres y apoderados de los quintos, sextos y séptimos básicos no se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo se hace este tremendo daño a la educación. Estamos en el siglo XXI; hoy la discusión internacional y nacional es respecto a la inteligencia artificial, y el Gobierno les va a quitar la herramienta".
"Si uno lo mirara en una retrospectiva del tiempo, esto es como que tomaran la decisión de que los niños no aprendan a leer y a escribir. Es un crimen social lo que están haciendo", acusó el diputado.
Por otra parte, Araya celebró la decisión gubernamental de retirar su proyecto de reforma a la seguridad pública en el Congreso, asegurando que la iniciativa carecía de bases reales y respondía exclusivamente a maniobras políticas de coyuntura.
En opinión del congresista, "esa reforma no tenía ninguna viabilidad desde el día uno, era una auténtica jugarreta electoral", por lo que "el Gobierno tiene que dejar la pirotecnia legislativa a un lado".
"Eso fue lo que vimos con esta reforma (...) querían aprobar lo de extender los plazos para la expulsión administrativa de los migrantes, cuestión que no tiene ninguna trascendencia: el 96% de las expulsiones se hace dentro de los cinco días y el 4% restante son gente que nunca se pudo expulsar. Por lo tanto, pretenden crear soluciones para problemas que no existen", explicó en Cooperativa.
Finalmente, el parlamentario advirtió que el discurso punitivo del Ejecutivo no logrará ocultar el descontento de la ciudadanía frente al encarecimiento del costo de vida y los problemas estructurales que golpean a las familias chilenas.