Leiva por rebajas de condenas: "Traición al programa de gobierno de Kast"
El diputado socialista afirmó en El Primer Café que en la ley hay "un mandato imperativo: no puede otorgarse beneficio de ningún tipo" a abusadores sexuales de menores de edad.
El reconocimiento por parte del Presidente de la República, José Antonio Kast, del "grave error" cometido en la concesión de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad no logró sofocar el conflicto político. El hecho de que el Mandatario ratificara en sus funciones al ministro de Justicia, Fernando Rabat, hizo que bancadas de oposición confirmaron la coordinación de una acusación constitucional en su contra, mientras que el oficialismo acusó una maniobra instrumental carente de base jurídica.
En El Primer Café de Cooperativa el diputado socialista Raúl Leiva sostuvo que la presentación de un libelo no responde a una revancha política, sino a un deber ético frente a la gravedad de los ilícitos: "Estamos trabajando de manera coordinada todos los partidos. Hemos tomado esa decisión ante la gravedad de los hechos, la falta de coordinación, el cambio de libreto permanente del Gobierno y el reconocimiento del Presidente de la República del grave error, que a nuestro juicio es técnico, vale decir jurídico, y sobre todo político".
"Este es un tema de convicciones, de principios. No es cualquier delito; aquí estamos frente a una grave traición, en nuestra opinión, al propio programa de gobierno y a lo que planteó el propio Presidente Kast en orden a tener mano dura con los delincuentes. Y no cualquier delincuente: nuestro Código Penal contempla una serie de delitos muy atroces todos, pero estamos hablando de violaciones de niños menores de 14 años y abusos sexuales de menores de 14 años", enfatizó el legislador.
Y refutó que el Ejecutivo estuviese obligado a aplicar este criterio administrativo: "La ley es superclara, es un mandato imperativo: no puede otorgarse beneficio de ningún tipo a condenados por estos delitos. Y lo que realiza el señor ministro es una interpretación administrativa por sí y ante sí. Él cambia el criterio, incluso el mismo criterio que él tenía antes. Él tenía la obligación, conforme al texto vigente, de rechazarlas. Es cierto, él podrá tener una opinión jurídica respecto de la constitucionalidad, de la aplicación de la irretroactividad, pero al ministro de Justicia, al Ejecutivo no les corresponde ponderar resoluciones jurisdiccionales".
Carmona: No se ha actuado en consecuencia
En sintonía con estas críticas, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, fustigó la falta de asunción de responsabilidades directas en el gabinete: "La verdad que el hecho, como lo dice el Presidente, es muy grave. Sin embargo, la actuación en consecuencia no aparece en el tratamiento de un hecho tan grave. No logro entender, y la ciudadanía tampoco entiende, por qué, después de darle toda la gravedad que tiene la gestión del ministro, sigue en su cargo".
"Él es responsable y en política uno tiene que hacerse responsable de sus actos. Con mayor razón él tendría que haber dado un paso al costado. Él no da confianza. Y estamos hablando de delitos de marca mayor: delitos que tienen que ver con el abuso a los niños, delitos que tienen que ver con rebajar penas de criminales de lesa humanidad. Entonces, el ministro no puede desentenderse", añadió el dirigente.
Y criticó también que el ministro Rabat "parece frente a la ciudadanía como un privilegiado, un intocable que nadie sabe por qué es intocable, pero esto no ocurre en ninguna parte en el funcionamiento del aparato político público administrativo. O sea, aquel que a lo menos queda bajo observación y por tanto bajo sumario. En este caso nada de eso, y basta que el Presidente en un tono un poco enérgico aparezca hacia adelante diciendo: 'Y entonces el castigo va a ser que encuentre la solución'. ¡Por favor! Yo creo que estamos jugando en un tema muy delicado".
Pardo: Sin fundamento jurídico
En la vereda opuesta, el diputado Luis Pardo (RN) diferenció la responsabilidad política del sustento jurídico indispensable para una acusación constitucional: "Concentrar las energías en una acusación constitucional en vez de concentrar las energías en solucionar el problema da cuenta de que hay más interés político que interés en las víctimas y todo lo que revela el discurso".
"Yo pienso que acusar constitucionalmente a alguien por haber cumplido el mandato de una ley -porque en el fondo él está cumpliendo un mandato- y además está acogiendo una jurisprudencia de más de 200 fallos, me parece que jurídicamente no tiene fundamento", expuso el legislador.
"Entiendo muy bien y comparto incluso la crítica política, pero no me parece que haya fundamento jurídico para una acusación constitucional. Acá no hay una violación de la Constitución ni hay una violación de la ley por más que quieran forzarlo para justificar una acusación constitucional", sentenció.
Romero: ¿Solucionaría algo sacar al ministro?
Y el diputado Agustín Romero (Republicanos), valoró que el secretario de Estado asuma el costo de encabezar la rectificación legal en lugar de abandonar el cargo: "Podemos sacar al ministro, ¿pero soluciona algo en este asunto? Posiblemente podría descomprimir, tal vez, pero para una persona que hoy día ve con rabia, con indignación lo que ocurrió, eso no soluciona en nada".
"Y tal vez es el responsable de este tema, pero yo creo que la señal más positiva es tal vez que este mismo responsable también busque la solución, porque es refácil irse para la casa. El ministro Rabat es un abogado de prestigio, se puede ir a su estudio jurídico para llegar y se olvidó de este tema, y al final el problema quedó acá. Entonces, aquí él también tomó una decisión valiente en el sentido de decir: '¿Saben qué más? Yo voy a seguir dando la cara'", argumentó.
Finalmente apuntó contra el gobierno de Gabriel Boric por este caso: "Ya que los que nos apuntan con el dedo son los del gobierno pasado, hay que recordarles cómo actuaron. El gobierno pasado, después de 270 fallos, lo que hicieron fue guardar la factura en el cajón y listo, y se olvidaron del tema. No sé, yo habría esperado que en el fallo número 200 probablemente uno hubiera levantado las alertas y dicho: 'Oye, ¿podemos mandar un proyecto de ley?'. Los que hoy día apuntan con el dedo tienen una forma de actuar bien especial: la forma de actuar de esconder el tema".