El subsecretario Gonzalo Arenas sostuvo en Cooperativa que "el ministro cumplió con la ley, los reglamentos y la Constitución".
Afirmó que el Ejecutivo busca tener la próxima semana una ley para corregir "todas" las rebajas de condenas.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, el nuevo subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, abordó este martes la eventual presentación de una acusación constitucional (AC) contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, por la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
"Mañana hay una sesión especial en la Cámara, entiendo que la acusación constitucional ya es un acuerdo de la Concertación y se va a presentar", dijo el vocero de La Moneda, quien afirmó que, a juicio del Ejecutivo, no se configuraría una causal para destituir al secretario de Estado, aunque reconoció que hubo errores humanos y políticos "graves".
"Nosotros consideramos que él tiene el conocimiento suficiente y las explicaciones suficientes como para no configurar esta causal de acusación constitucional, lo cual no implica que el Presidente (no) reconozca que hay errores humanos y políticos graves", señaló Arenas.
El subsecretario agregó que "el Presidente cree -y yo también- que el ministro cumplió con la ley, cumplió con lo que establecen los reglamentos, cumplió con la Constitución y, por lo tanto, una causal por incumplimiento de la ley o abandono de deberes en este caso no procedería".
En ese contexto, el portavoz indicó que la sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, prevista para este miércoles, permitiría a Rabat exponer sus argumentos y responder las preguntas de los parlamentarios antes de que estos adopten una posición.
"Por supuesto que es preocupante que exista una acusación constitucional, pero tampoco el Gobierno puede estar de que, cada vez que acusan a un ministro, uno tenga que cambiarlo, porque tenemos un régimen presidencial; no parlamentario. Entonces, si uno se va a rendir con cada acusación, tendríamos una rotación ministerial gigantesca", advirtió Arenas.
En esa línea, reiteró que "su permanencia está condicionada por lo que el Presidente decida: si considera que el ministro ha cumplido con su rol, con la misión que le entregó, sin duda permanecerá, pero es una decisión exclusivamente del Presidente de la República".
"El Presidente lo apoyó y lo ha apoyado hasta el día de hoy", aseguró.
La autoridad explicó que el Presidente le encomendó a Rabat trabajar en una reforma para cerrar las interpretaciones jurídicas que han permitido estas reducciones de penas y, además, revocar "todas" las libertades concedidas.
La propuesta, detalló Arenas, contempla tres ejes: "Primero, una ley que blinde completamente cualquier interpretación contraria por parte de los tribunales; segundo, la participación de las víctimas en el proceso y, tercero, la creación de tribunales de ejecución de penas, porque sabemos que las comisiones de rebaja y el ministerio son órganos más bien administrativos que hacen un chequeo objetivo, no de mérito".
"La idea es que lo más rápido posible -de aquí a la próxima semana- ya tengamos una ley que corrija de fondo este tema", abogó.
Respecto de la idea de revertir las libertades concedidas, Arenas admitió que se trata de una tarea "es muy difícil", pues "no es cosa de llegar y revocar un derecho que ya se otorgó". No obstante, garantizó que "el Presidente le dijo (al ministro de Justicia) que buscará todas las fórmulas posibles para ver cómo logramos que esto se pudiese revocar".
"Hay una voluntad política de hacerlo y, si nos restáramos cada vez que vemos que es difícil hacer algo, no haríamos casi nada", añadió.
Según las cifras entregadas por el subsecretario durante la entrevista, 57 personas obtuvieron rebajas de condenas durante la actual Administración y otras 270 durante el Gobierno anterior.
"Hasta donde yo tengo entendido, (de los 57) están todos libres", declaró.
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