Oposición acusa que rebajas de penas firmadas por el Gobierno responden a una "definición política"

La crisis desatada por la firma de decretos de rebaja de condenas a criminales encarcelados por diversos delitos se profundiza a medida que se van conociendo detalles. Luego de que en un principio se informara que el beneficio se entregó a 56 personas que cometieron abusos sexuales y violaciones contra menores de edad, se sumaron también beneficios para criminales de lesa humanidad y miembros de bandas criminales como el Tren de Aragua.

Esto ha generado gran controversia, incluso dentro del oficialismo, a la que se han sumado sospechas de parte de la oposición ante el respaldo que le entregó el Presidente José Antonio Kast a su ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien junto al subsecretario Luis Silva firmó los documentos sin recurrir a la Corte Suprema como había ocurrido durante el Gobierno de Gabriel Boric luego de que se promulgara en 2022 la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores de edad.

En El Primer Café de Cooperativa la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, expresó sus sospechas respecto de una estrategia del Ejecutivo que apunta a liberar a violadores de derechos humanos sin necesidad de firmar decretos que podrían generar polémica.

"Creo personalmente que es una definición política de ir avanzando en aspiraciones, particularmente, respecto de crímenes de lesa humanidad. Lo digo así de claro, porque no es entendible que esto esté ocurriendo. Y a medida que se van sabiendo detalles, detalles de cómo se van otorgando estas rebajas de condena, uno empieza, de una u otra manera, a entender o a ver elementos del proceso de otorgamiento de estos decretos que son complejos", expuso la dirigenta.

"Creo que hay una definición que está revestida de otras características, pero al final lo que se tiende es a la rebaja de condena y evitar la decisión de los indultos comprometidos durante la campaña con los presos condenados por crímenes de lesa humanidad", planteó Krauss.

Y advirtió que "a propósito de decretos dictados por el subsecretario Silva, donde en unos manifiesta o fundamenta la falta de existencia de una jurisprudencia uniforme, y en otro fundamenta justamente la existencia de una jurisprudencia uniforme. El ministro Rabat, el Gobierno del Presidente Kast, pudo haber optado por no conceder la rebaja de las condenas. Y esa es la definición política de un abogado litigante como el ministro Rabat".

Schönhaut: Error que requiere la salida del ministro

Desde el Frente Amplio, la diputada Constanza Schönhaut sostuvo que la normativa aprobada en 2022 zanjó la improcedencia de estos beneficios para abusadores de menores y acusó al Ministerio de Justicia de capitular en tribunales: "La ley es bastante clara y cuando uno revisa cómo se dio la discusión en el año 2022, cuando excluye explícitamente a condenados por delitos sexuales contra menores de beneficios, hay consenso de que las características de lo que se estaba legislando era una norma de ejecución y, por tanto, rige lo que se denomina in actum, que significa que efectivamente para tú poder acceder al beneficio debes cumplir con los requisitos que establece la ley al momento de dictarse".

"Que el ministro haya decidido dejar de alegar en la Corte el sentido estricto de la ley es un error grave, porque significó que el Ejecutivo no dio ninguna pelea, y esto para efectos de la señal política, pero también de la señal de cumplimiento de la ley, es un error grave que requiere responsabilidad política y, por tanto, su salida", añadió la legisladora.

Y sobre las posibles razones para la decisión del Gobierno de firmar los decretos planteó que pudo ser un error, pero también planteó la hipótesis de que "se estén haciendo los lesos con que esto es un error, con que cumplió la ley, pero en verdad no tanto, que hay un vacío legal pero que no hay criterio porque está lleno de contradicciones entre las distintas autoridades del Gobierno, y que efectivamente haya terminado siendo una decisión deliberada para poder aprovechar esta, comillas, 'interpretación' que da el ministro Rabat para poder rebajar las penas a crímenes a condenados por crímenes de lesa humanidad".

Guzmán: Corte Suprema actuó contra la ley

En respuesta a los cuestionamientos, el diputado de Evópoli Jorge Guzmán calificó de infundadas las acusaciones de pactos bajo cuerda y emplazó a revisar el rol histórico del máximo tribunal del país: "Es bien conspirativa la teoría de Alejandra. Yo creo que aquí lo que corresponde es centrarse en los elementos objetivos. Hoy día existe una ley de reinserción, es una ley que aprobó el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, y esa ley es la que permite a personas que han sido condenadas por distintos delitos acceder a la rebaja de condena".

"Lo que no comparto y lo que no entiendo es qué hizo la Corte Suprema cuando falló y resolvió en 276 ocasiones en el gobierno anterior y aplicó este beneficio incluso contra la propia ley. A mi juicio, la Corte Suprema actuó contra ley al momento de obligar al ministro Gajardo a otorgar un beneficio de rebaja de condena a violadores y abusadores sexuales de menores de edad", añadió el parlamentario.

Y en lo referente a la posición en que ha quedado el Gobierno con este episodio, que incluyó serias críticas de parte de la senadora María José Gatica (RN) reconoció que "el peso político lo estamos pagando. Yo creo que el oficialismo está pagando las consecuencias de todo esto, pero yo creo que no es el tiempo de estar haciendo puntos políticos. Yo lo que lo que hizo la senadora Gatica me pareció una falta de prudencia tremenda, una irresponsabilidad".

Cretton: Sistema penal garantista

En la misma línea, el vicepresidente de la UDI, diputado Eduardo Cretton, atribuyó la seguidilla de liberaciones a deficiencias estructurales de la legislación penal vigente: "Que haya pedófilos, que haya violadores de derechos humanos, que haya delincuentes que hayan podido acceder a un beneficio de rebaja de condena, a mí me parece que es un hecho gravísimo, porque es un atentado también contra las víctimas".

"Desde mi punto de vista, esto se debe a que en Chile, desde un buen tiempo a la parte, lo que tenemos es un sistema penal garantista, que está muchas veces más preocupado de los derechos del delincuente que de los derechos de las víctimas", afirmó el parlamentario.

"Acá el Presidente le dio un encargo al ministro y yo espero que hoy día el ministro más que explicaciones nos dé soluciones, que es lo que están esperando la inmensa mayoría de los chilenos para que casos como este nunca más vuelvan a ocurrir", enfatizó Cretton.