Rabat evitó fijar fecha para transparentar decretos de rebaja a abusadores de menores
"Cuando corresponda", fue la postura del secretario de Estado, lo que provocó las críticas de los parlamentarios, que acusan una maniobra para dilatar la entrega de antecedentes.
Esta postura contrasta con sus declaraciones de hace solo diez días, cuando aseguró en la sede legislativa que dichos actos administrativos eran en esencia de carácter público.
La falta de acceso a los documentos mantiene a la Defensoría de la Niñez sin insumos para identificar a las víctimas e implementar medidas de protección inmediatas.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, evitó este lunes comprometer una fecha concreta para transparentar los cuestionados decretos que rebajaron las condenas a delincuentes sentenciados por abuso sexual contra menores de edad, generando un malestar en el Congreso.
"Cuando corresponda", fue parte de la respuesta que dio la autoridad en los pasillos de la sede legislativa en Valparaíso, tras participar en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja.
"Evidentemente, llevamos 10 días hablando del contenido de los decretos, entonces también hay que tener un poquito de cuidado cuando están esas afirmaciones. Si se ha hablado todo este tiempo sobre la base de ciertos decretos, entonces pareciera ser que los antecedentes están. No hay un plazo", enfatizó.
Al ser consultado por Cooperativa respecto a por qué no ha entregado la información solicitada, Rabat señaló que "yo no he dicho que no lo sean (de conocimiento público), hay que tener cierto resguardo. Nosotros queremos velar siempre por la indemnidad de las víctimas y, por lo tanto, se trata de entregar información resguardando antecedentes que son reservados".
Pese a la insistencia sobre los plazos para liberar los actos administrativos solicitados formalmente por diversos organismos, el secretario de Estado optó por no fijar un horizonte temporal específico ni otorgar precisiones sobre cuándo liberará la información.
Esta dilación causó molestia en el Congreso, considerando que hace apenas diez días el propio titular de Justicia había asegurado ante los legisladores que estos actos administrativos poseían, en esencia, un carácter público y de libre acceso.
La falta de certez complica el trabajo de la Defensoría de la Niñez, que alertó sobre las dificultades de su labor de protección debido a que desconoce las identidades y los casos específicos de los menores de edad involucrados.
En paralelo, desde la oposición recalcan que el compromiso de liberar los datos únicamente "cuando corresponda" colisiona con los tiempos institucionales del Congreso.
"La redacción de la AC está avanzando"
Los parlamentarios fiscalizadores requieren los expedientes para fundar el libelo acusatorio de la acusación constitucional en curso, advirtiendo que los plazos legales son estrictos y no pueden esperar determinaciones discrecionales del Ministerio.
En esa línea, el diputado Raúl Soto, presidente del PPD, explicó que "la redacción de la acusación constitucional está avanzando. Los equipos jurídicos ya se han constituido y están trabajando en ese proceso. Hay que respetarlo, no tenemos que tener ansiedad en esto".
"El día jueves, eventualmente, estamos viendo la posibilidad de convocar a una reunión en el exCongreso Nacional en Santiago al equipo de abogados que nos está colaborando en esta tarea", subrayó el timonel.
Por su parte, el diputado Raúl Leiva (PS) apuntó que "uno de los elementos fundamentales son los antecedentes que nos pueda entregar el Gobierno respecto de esos decretos".
"Nos parece importante poder contrastar y ver todos los antecedentes de estos decretos y los instrumentos fundantes de los mismos para poder intentar la AC, y por eso el Gobierno tiene la obligación normativa de entregar los antecedentes a un órgano fiscalizador como es la Cámara de Diputados para intentar esta AC", resaltó el legislador de la oposición.