El diputado Raúl Alarcón (ex Partido Humanista), o más conocido como Florcita Motuda, acudió a la Contraloría General de la República para que se pronunciara sobre la facultad legal y constitucionalidad de exigir el pase de movilidad, sin embargo, el organismo fiscalizador se abstuvo y justificó la existencia de este documento otorgado para quienes estén vacunados contra el Covid-19.
El parlamentario ingresó, a través de una petición a la prosecretaría de la Cámara de Diputados, un oficio a finales del año pasado a la Contraloría para que se pronunciara respecto a la exigencia del pase de movilidad, apuntando a que "las estrictas medidas que dicho instrumento contiene convertirían en obligatoria una vacunación que, constitucionalmente tendría el carácter de voluntaria", según consignó La Tercera.
Este requerimiento fue respondido en la última jornada por parte de la División Jurídica de la Contraloría, que decidió abstenerse de emitir un pronunciamiento y fijó los límites de sus atribuciones.
En primer lugar, señala que es el Código Sanitario el que "encarga a la autoridad sanitaria la vacunación de los habitantes del país contra las enfermedades transmisibles y faculta al Presidente de la República para declarar obligatoria la vacunación de la población respecto de aquellas, cuando existan procedimientos eficaces de inmunización", no la Constitución.
En esta línea, explican que el diputado "parte de una premisa errónea al atribuir una voluntariedad absoluta de carácter constitucional a la vacunación contra determinadas enfermedades, resultando, entonces, inoficioso referirse al alcance de las medidas que al efecto pueda tener el denominado pase de movilidad" y que la existencia de dicho instrumento "se encuentra justificada en la necesidad de enfrentar una situación sanitaria crítica y excepcional que afecta a todos los habitantes del país".
Además, desde el ente fiscalizador subrayaron que "se ha estimado importante recordar que las funciones que ejerce este Órgano de Control abarcan una gran cantidad de materias de trascendencia jurídica, económica y social, cuya preparación y desarrollo requieren de significativos recursos humanos, financieros y materiales que, por su escasez, necesariamente deben ser aplicados con cuidadoso resguardo para asegurar respuestas eficientes y eficaces".
Agregando que "las presentaciones que se realicen ante esta Entidad -particularmente cuando las efectúan parlamentarios, que cuentan con asignaciones para contratar asesorías- contengan una suficiente argumentación jurídica y fáctica sobre el aspecto a consultar, puesto que su estudio involucrará la utilización de recursos públicos dispuestos para atender múltiples requerimientos en beneficio de la comunidad".
