Los involucrados "jamás aportaron información sobre los restos del sacerdote", recalcó Héctor Salazar.
Defensor de ex agentes de la DINA valoró la resolución del máximo tribunal.
Héctor Salazar, abogado que representa a la familia del sacerdote español Antonio Llidó, se mostró contrario con la resolución de la Corte Suprema de rebajar las penas a la cúpula central de la DINA por su desaparición en 1973.
"Creo que es demasiada blanda la mano para un delito de esta naturaleza, en un caso donde incluso todos quienes aparecen involucrados y condenados jamás aportaron información ni siquiera para saber dónde quedaron los restos del padre Llidó", señaló Salazar.
El jurista también lamentó el rechazo de la compensación de 100 millones de pesos, otorgado en un primer momento, para los familiares del ciudadano europeo.
"En lo civil deja al Estado chileno, desde el punto de vista de sus compromisos internacionales, en un mal pie al no resolver el tema de la reparación que va envuelta en esta clase de delitos", agregó.
Por contraparte, el defensor de Fernando Lauriani y Maximiliano Ferrer Lima, Juan Carlos Manns, sostuvo que la sentencia viene a ratificar que sus representados "no tuvieron nunca el mando, la determinación y la facultad de disponer de un eventual detenido en los recintos de detención que hubo en ese tiempo".
Sin embargo, apuntó que "queda un dejo de sinsabor por no haberse establecido con anterioridad esta situación".
