Ana Piquer comentó en GPS el informe del organismo para el año 2011.
Resaltó que los casos de violencia policial deben ser investigados por entes imparciales.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional para Chile, Ana Piquer, comentó el último informe de Amnistía Internacional el cual menciona las situaciones de violencia policial en las manifestaciones sociales y la preocupación por el proyecto de ley para el resguardo del orden público o "ley Hinzpeter".
En GPS, Piquer sostuvo que la institución manifestó preocupación por la violencia de Carabineros tanto durante las protestas, como posterior a la detención de manifestantes.
"El tema de las denuncias de violencia policial, en el contexto de las manifestaciones, primero estudiantiles, muy fuertemente el tema de Aysén, ahora Freirina y en casi todos los momentos de manifestaciones ciudadanas que ha habido, se han gatillado posteriormente denuncias de violencia", dijo.
La directora de Amnistía sostuvo que estas denuncias se producen "tanto en el momento de la manifestación, como el uso indebido de carros lanzagua, bombas lacrimógenas, balines que en mas de una ocasión generaron lesiones oculares", como posterior a las detenciones.
"Es muy difícil documentar casos, hay una cifra importante de gente que no hace la denuncia, no constata lesiones, que no tiene la asesoría necesaria, o que no quieren hacerlo, que no se atreven. En el caso de manifestaciones estudiantiles muchas veces son menores de edad entonces es muy difícil dimensionar una cantidad cierta y cuanto ha pasado", recalcó.
Además enfatizó que después de las detenciones y bajo resguardo policial por lo que a su juicio no tiene ninguna justificación, hay "denuncias de golpizas, de amenaza de violencia sexual. No tiene justificación de ser y todos esos casos debieran ser investigados de manera independiente e imparcial".
"Ley Hinzpeter"Por otro lado, Piquer también manifestó su reticencia al proyecto de la "ley Hinzpeter", por el cual manifestó que en ciertos casos puede significar una vulneración a los derechos humanos, como la libertad de expresión, de reunión y de circulación.
Eso porque "como está definido el nuevo delito de desórdenes, cualquier desorden que cumpla con ciertas características es punible con cárcel de hasta tres años".
"Entre esas está cortar el tránsito, que impida el normal tránsito, y eso es lo grave, que hacer eso uno puede argumentar que no es más que el ejercicio de derechos humanos, una reunión pacífica en un lugar público está amparado por los tratados de derechos humanos. Transformar eso en delito va en contra las normas de derechos humanos", recalcó.
Piquer sostuvo que en el extremo de la ley, ésta castigará a quienes convoquen las marchas "porque es tan amplio de la manera en que está definido que cualquier persona que convoque o promueva la manifestación podría caer en estas mismas penas de tres años de cárcel".
