Los rectores y dirigentes estudiantiles insisten en la "incertidumbre" que genera el anuncio de gratuidad en la educación superior. Tienen dudas en cuanto a la manera como se fijarán los aranceles y cuál será el mecanismo para obtener el beneficio.
La Presidenta Bachelet defendió en la víspera su anuncio de dar en 2016 gratuidad al 50 por ciento más vulnerable de los alumnos, siempre y cuando cumplan sus planteles una serie de requisitos: por ejemplo, estar acreditados por más de cuatro años, y llamó incluso a quienes han criticado la iniciativa a "no ser negativos".
Sin embargo, los estudiantes y rectores están inquietos: piden claridad y certezas en torno a cómo se materializará la promesa del Ejecutivo.
"A mí me parece que acá lo que más falta es claridad por parte del Gobierno. No puede ser que se esté discutiendo sobre quién va a adquirir financiamiento público, que es financiamiento que, finalmente, ponemos todos los chilenos, porque no se ha dado un debate público", afirmó Valentina Saavedra, presidenta de la FECh.
En una línea similar se expresó su par de la Universidad Diego Portales, Nicolás Fernández, quien oficia como vocero de los planteles privados: "Defender hoy día entregarle dinero a instituciones que no tienen ninguna regulación, que no nos aseguran ninguna medida de que sea una educación pública, es totalmente irresponsable".
"Aquí el Gobierno trató de adelantarse para tener gratuidad para el 2016 de una forma totalmente improvisada, sin regulación", dijo Fernández.
La "confianza" de Montes
Saber cuáles son los planteles privados que sí estaran dentro de la gratuidad, cómo será el financiamiento, cuál será la fórmula de cálculo que determinará el monto exacto que el Estado pagará son algunas de la dudas que señala el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes.
"Es obvio que yo tengo preguntas, porque dependiendo de cómo se respondan esas preguntas puede ser muy radicalmente diferente lo que uno piense del proyecto. Obviamente que tengo todavía interrogantes serias sobre varios puntos precisos que, de no resolverse bien, para nosotros sería muy problemático", dijo Montes.
Pese a esto, "yo tengo confianza, espero que haya buen sentido, que se busque el bien de la educación y que esas preguntas que yo tengo se resuelvan razonablemente", acotó el sacerdote jesuita.
Problema de lenguaje
Consultada respecto a la señalada "incertidumbre", la ministra de Educación, Adriana Delpiano, comentó que en este debate "hay un tema, a veces, de no ponerse muy de acuerdo en el lenguaje".
"¿Cuál es la idea? Que efectivamente yo voy a financiar la matrícula y los estudios de un alumno concreto, pero no es él el que tiene una cuponera que va a esto, sino que yo le pago a la institución en la cual el alumno está, pero también le exijo a la institución ciertas garantías para que, efectivamente, con esos recursos, que son de todos nosotros, no se lucre, y sea de una calidad que supone, también, mejorar todos los esfuerzos de tener una Agencia de Calidad del mejor nivel", indicó Delpiano.
La secretaria de Estado afirmó además que la iniciativa beneficiará a unas 220 mil familias, pero los rectores insisten en que aún no hay claridad respecto de qué universidades serán beneficiadas y cómo se fijarán los aranceles.
Mientras continúa este debate, la Confech convocó ya a una nueva marcha nacional para el próximo jueves 27 de agosto. En Santiago pretenden marchar desde Plaza Italia hacia el poniente por la Alameda, pasando frente a La Moneda y el Ministerio de Educación.
