La autoridad metropolitana se reunirá la próxima semana con la Superintendencia de Medio Ambiente para analizar el caso.
Dirigentes sociales alegan que en lugar de tomar medidas se está buscando "garantizar que el negocio siga".
"Cuando tengamos información oficial, obviamente, evaluaremos qué hacer", dijo hoy el jefe regional.
El intendente metropolitano, Claudio Orrego, afirmó que la crisis generada en el relleno sanitario Santa Marta amerita una "investigación hasta el final", e indicó que el Gobierno está esperando el resultado de ésta para tomar medidas.
Luego de que, en la víspera, la Fiscalía de Talagante confirmara el "daño ambiental" asociado al recinto, Orrego dijo hoy que la próxima semana tiene previsto reunirse con la Superintendencia de Medio Ambiente para analizar la situación y las acciones a seguir.
En su último informe la Superintendencia indicó que el Consorcio Santa Marta no ha logrado acreditar la estabilidad del terreno. Producto de ello, a seis meses del incendio de enero, el relleno sigue operando de forma parcial, sólo con la celda 1, a la que le queda un 19 por ciento de capacidad, equivalente a unos 120 mil metros cúbicos.
"La Superintendencia de Medio Ambiente está monitoreando las medidas que le exigieron a la empresa Santa Marta para efectos de poder volver a ocupar la totalidad del relleno. Eso todavía no ha sido acreditado, así que, mientras tanto, se mantiene la autorización parcial de funcionamiento", comentó Orrego.
"Tenemos reunión con la Superintendencia la próxima semana para evaluar el grado de avance en esta materia y solicitamos, obviamente, la investigación del caso. Hemos provisto al tribunal y a la Fiscalía con todos los informes que tenemos, tanto de la Seremi de Salud como de otros, y cuando tengamos información oficial, obviamente evaluaremos qué hacer, pero tiene que realizarse una investigación hasta el final para determinar eventuales responsabilidades de Santa Marta", agregó la autoridad metropolitana.
Actualmente la causa suma más de 120 querellantes, la mayoría de ellos agricultores de San Bernardo, Talagante y Lonquén, quienes denuncian que la empresa sigue vertiendo líquidos percolados en aguas de riego y acusan inacción de las autoridades.
"Las autoridades están más que nada orientadas a garantizar que el negocio siga a tomar las medidas necesarias para enfrentar realmente un colapso del sistema", dijo esta mañana a Cooperativa Andrés Zollner, vocero de la comunidad de Lonquén y Talagante.
