El procedimiento fue ordenado por la Contraloría tras constatar que una funcionaria gastó cinco millones de pesos en llamados de celular.
La denuncia había sido efectuada por un diputado radical.
A través de una breve declaración pública, la Subsecretaría de Interior acusó recibo de la orden que le dio la Contraloría para investigar una serie de irregularidades cometidas al interior del Programa de Derechos Humanos de la cartera, que dicen relación con la "falta de probidad" de una jefa, "deficiencias de control interno" y beneficios injustificados a funcionarios.
En un dictamen emitido por el contralor Ramiro Mendoza y fechado el pasado 25 de enero, el órgano dio cuenta de la actuación irregular de la secretaria ejecutiva del Programa, Rossy Lama Díaz, que durante una estadía de menos de un mes en Estados Unidos con motivo de un curso sobre trata de personas, el año pasado, gastó 5,7 millones de pesos en celular.
También impugnó el contralor que se hayan autorizado vacaciones pagadas a funcionarios contratados a honorarios con apenas dos meses de servicio.
"La Subsecretaría del Interior ha tomado conocimiento con fecha 30 de enero de un pronunciamiento de la Contraloría General de la República en torno a irregularidades administrativas en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública", señala la declaración de la secretaría de Estado.
"Como consecuencia de ello, y en la misma fecha de recepción del documento de Contraloría, se decretó el inicio de una investigación sumaria con el objeto de esclarecer los hechos, designándose como fiscal a un abogado de la dirección jurídica de la Subsecretaría del Interior", finaliza el escueto texto gubernamental.
