Tras histórico fallo, forestal del grupo Angelini no descarta "diálogo directo" con indígenas

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Autor: Cooperativa.cl

El Juzgado de Letras de Cañete ordenó que Celco devuelva 97 hectáreas a la Comunidad Ignacio Huilipán.

"En los próximos días se van a definir los pasos a seguir", dice la compañía.

Tras histórico fallo, forestal del grupo Angelini no descarta
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La empresa Forestal Arauco, perteneciente al grupo Angelini, no descartó buscar un "diálogo directo" con la Comunidad Indígena Ignacio Huilipán para abordar el fallo que la obligó a devolver 97 hectáreas de terreno.

El Juzgado de Letras de Cañete dio la razón a la comunidad, que -amparada en un título de merced del año 1904- demandó a Forestal Celco S.A. (como "continuadora legal de Forestal Arauco Limitada") por el no respeto del límite entre sus predios, determinados por el estero Chan Chan.

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El título de merced de la Comunidad Indígena Ignacio Huilipán. (Foto: Cristofer Espinoza)

Mauricio Leiva, subgerente de Asuntos Públicos de Arauco, aseguró a Cooperativa que las partes han tenido históricamente una buena relación, por lo que -más allá de que los abogados de la compañía están analizando aún la sentencia- no descartan reunirse con la comunidad para ejecutar la solución.

"En los próximos días se van a definir cuáles van a ser los pasos a seguir, asociados al resultado de este oficio. No nos cerramos tampoco –nunca nos hemos cerrado- a la posibilidad de acudir a ciertos mecanismos de diálogo directo con la comunidad", dijo Leiva.

"Tenemos relaciones de vecindad, nos conocemos y mantenemos comunicación con ellos. Por lo tanto, tanto la vía judicial como la vía del diálogo directo con ellos son posibilidades que estamos siempre analizando y evaluando, permanentemente", dijo el ejecutivo.

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Tras el fallo -que es de primera instancia- hay un plazo legal de 10 días corridos para que se presente una apelación; en este caso, ante el tribunal de alzada de Concepción.

Cabe consignar que, como los terrenos están delimitados por títulos de merced que datan del año 1904, la Ley General Indígena impide que la empresa o cualquier particular ofrezca dinero a cambio de poder ocupar el territorio ancestral.

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