Fiscalía formalizó a Eugenia Riffo por el delito de homicidio por omisión.
Corte de Apelaciones revisará ahora eventuales medidas cautelares para la imputada.
La parvularia Eugenia Riffo Tapia, de 39 años, fue formalizada este miércoles por homicidio por omisión en el Segundo Tribunal de Garantía, luego de olvidar al interior de un automóvil al menor de tres años Borja López, quien falleció presumiblemente por asfixia.
El hecho ocurrió el martes, cuando la mujer llevó al niño desde su casa hasta el jardín infantil "Mandarino", en la comuna de Huechuraba, y lo olvidó al interior de un vehículo.
Pese a que la Fiscalía Centro Norte y el abogado querellante solicitaron la prisión preventiva, la jueza del tribunal, María Verónica Orozco, desestimó la petición, por considerar que se trataría de un cuasidelito de homicidio, tal como lo manifestó la defensora Solange Navarro.
"Mantenemos nuestra teoría que estamos enfrentados a un cuasidelito de homicidio. Es lamentable, es terrible la situación que ocurrió, a nadie le gustaría estar en la posición tanto de la familia, como de mi representada. Hay que hacer un análisis racional y jurídico del tema y estamos en presencia de un cuasidelito de homicidio", sostuvo la abogada.
Abogado querrellante: Nos encontramos frente a un delito
La petición de la Fiscalía se sustentaba en que considera "imposible" que la parvularia no se percatara de la presencia del menor en el automóvil, ya que ocupaba una silla para niños ubicada en la parte posterior del vehículo, detrás del asiento del copiloto.
"Pensar en una mera distracción, en mero olvido, cuando es una conducta cotidiana de ir a buscar y dejar al niño llevarlo a la sala de clases (...) son circunstancias trascendentes a considerar y que permiten deducir que nos encontramos frente, no a un cuasidelito, sino frente a un delito, y esperamos que la Corte de Apelaciones resuelva en consecuencia", señaló el abogado querellante, Alfredo Morgado.
El Ministerio Público y la parte querellante presentaron un recurso que fue acogido por la magistrado, para que sea la Corte de Apelaciones la que resuelva una eventual prisión preventiva o alguna otra medida cautelar.
La jueza Orozco fijó además en 70 días el plazo para investigar el caso.
Contratos informales
El fiscal a cargo del caso, José Morales, señaló que la Fiscalía manejaba evidencias de los contratos informales que mantenía el jardín infantil Mandarino con los padres para el traslado de los menores entre el recinto y sus hogares, por parte de las propias educadoras del establecimiento en sus vehículos particulares.
"Entendemos que el contrato era con el jardín, nunca de manera particular", aunque "una parte de las remuneraciones iba directamente para la imputada", señaló el prosecutor.
