El abogado Mauricio Duce, académico y experto en derecho procesal penal, sostuvo que las cifras "sugieren" que ante los casos enmarcados en el estallido social el sistema de Justicia ha actuado de la misma forma "problemática" que desde hace años, tras la reforma procesal penal y modificaciones a esta.
En conversación con Lo Que Queda del Día, analizó el proyecto de ley presentado por los senadores Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (País Progresista) que propone un indulto general para quienes protagonizaron hechos de violencia -incluso graves- desde que inició la crisis social, y el debate que ha provocado.
Uno de los asuntos que han apuntado quienes buscan la libertad de aquellas personas detenidas, a las que consideran "presos políticos", es un presunto excesivo uso y extensión de las prisiones preventivas, la máxima medida cautelar.
A juicio de Duce, aquello "es un problema de fondo del sistema de justicia, y que no solo se presenta en los casos del estallido; es un problema global".
De hecho, afirmó que "hay cifras que tienden a sugerir que lo que ha ocurrido con el estallido es la misma práctica que el sistema ha tenido consistentemente en los últimos años, una práctica problemática en algunos casos".
Agregó otro "elemento que ha distorsionado" esa discusión: "Producto de la pandemia los casos más complejos, que son los que llegan a juicio oral, se están demorando más en llegar a esa etapa porque hubo un momento en que no se estaban haciendo juicios orales y eso ha ido produciendo un retraso; y es un factor que potencialmente está incidiendo en el alargamiento de las prisiones preventivas".
PROBLEMA TRAS LA REFORMA PROCESAL PENAL
El experto, director de Espacio Público, explicó que "uno de los grandes objetivos de la reforma procesal penal fue racionalizar una práctica del sistema inquisitivo anterior, que tendía a ocupar la prisión preventiva en forma automática como gran respuesta: si uno iba a una cárcel en el año 1999, más del 50 por ciento estaba en prisión preventiva, y eso es completamente irrazonable bajo cualquier estándar de derecho internacional".
"Por tanto la reforma dijo que es un instrumento legítimo, pero para casos excepcionales donde haya una buena razón, y gracias a un complejo diseño de cambios de estructurales, el 2007 el 22 ó 23 por ciento de la gente en las cárcel estaba en prisión preventiva", agregó.
"Sin embargo -complementó-, en forma paralela empezó un debate político y público importante de que el sistema era demasiado garantista, que la delincuencia era un problema gigante, y se le empezó a poner presión al sistema para que volviera a usar la prisión preventiva como una respuesta más bien automática: hubo varias reformas, con la aprobación de parlamentarios vigentes que tal vez participan de este debate, que tendieron a facilitar el uso de esa medida cautelar".
De esa forma, aseguró, "el legislador ha ido forzando a los jueces a que ocupen la prisión preventiva y también ha habido un ambiente de mucha presión pública para que se decreten prisiones preventivas en casos donde tal vez no era tan necesario. Y si hoy se va a una cárcel, pasamos de tener el 23 por ciento a un 36 por ciento de gente en prisión preventiva; y de 10.000 a 14.000 personas".
LA FALTA DE EVIDENCIA DEL PROYECTO Y UN DEBATE EN BASE A "ETIQUETAS"
Respecto al proyecto de los senadores, Duce analizó que "lamentablemente se ha discutido en dos extremos de etiqueta, que son muy gruesas, que ayudan poco a entender el problema, si hay uno, su magnitud y una solución".
La iniciativa "no hace muchas distinciones ni aporta mucha evidencia que permita entender bien el punto especifico que quiere solucionarse, con datos de la realidad; y tampoco contribuye a un diálogo el descartar de plano que pueda haber problemas y (decir) que todas las personas son delincuentes", prosiguió.
En lo técnico, especificó el mayor problema es que "es demasiado extenso en términos de su aplicación, temporalmente y sobre el tipo de delito (...) sería aplicable a casi todos los delitos de la Ley de Control de Armas, o a todos los delitos de incendio y un conjunto de otras figuras".
"La definición tan gruesa del proyecto hace que se confundan situaciones que son muy distintas y probablemente dentro de las cientos de situaciones, hay casos donde pueda haber un problema, y casos donde rápidamente como sociedad nos pondríamos de acuerdo con que nada tienen que ver con el estallido o que la vinculación es débil, que debería tener una salida por los canales habituales", añadió.
Cuestionó en ese sentido que "estamos teniendo una discusión un poco a ciegas porque no hay datos lo suficientemente desagregados que muestren cuáles son los delitos concretos, cuántos son y las prisiones preventivas"; e incluso dijo que "si en el nivel político llegáramos a un convencimiento que hay situaciones que merecen una solución más política y distinta a lo normal, una propuesta que viene con esta magnitud de cantidad de delitos no se hace cargo de eso".
¿PRESOS POLÍTICOS? "NO PARECE CABER DENTRO DEL UNIVERSO DE CASOS ALEGADO"
Duce cree que "si hurgamos, vamos a encontrar prisiones preventivas que probablemente no son razonables ni que se hayan extendido tanto en el tiempo, pero no sabemos y el proyecto no aporta ningún dato concreto tampoco".
Pero la información necesaria "es indispensable", por lo que -consideró- que "sin datos, es difícil tener un debate que no salga de las etiquetas, y las etiquetas tienen el problema de las sobregeneralizaciones (...) Es un debate que no se puede hacer sin evidencia más específica".
No obstante, "también es una mala idea solo resolver las situaciones asociadas al estallido, porque se estaría diciende que los derechos humanos habituales, de la cotidianidad, no nos importan o que es legítimo que respecto de ellos (otros detenidos) sí se puedan alargar las prisiones preventivas".
Sobre el término de "presos políticos" que utilizan algunos sectores, si bien "no descartaría que puede haber casos donde hay mal uso de la persecución penal, tiendo a estar de acuerdo con que esa tipología no parece caber dentro del universo de casos que se está alegando", opinó.
FISCAL NACIONAL DESCARTA QUE HAYA "PRESOS POLÍTICOS"
El controvertido proyecto de ley de los senadores ha sido criticado por la Asociación de Fiscales y el Ministerio Público, y tanto analistas como políticos de diversos sectores, el Gobierno y organismos como Human Rights Watch han rechazado la calificación de "presos políticos" que se concede laxamente a quienes están imputados por los referidos hechos vandálicos.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, cuestionó que la propuesta "lo que hace es naturalizar la violencia y justificar la delincuencia común, hechos que son absolutamente reprochables como lo son también los abusos que los agentes del Estado han cometido en el uso de la fuerza".
En ese contexto, retieró que el Ministerio Público, organismo a cargo de la persecución penal tras la reforma procesal penal, "tiene la certeza de que en este país no existe personas que se encuentren privada de libertad por razones de su ideología; no hay presos políticos"
Este lunes, más temprano, el Presidente Sebastián Piñera reafirmó la crítica a dicha iniciativa y afirmó que, de prosperar, le aplicará el veto presidencial, pues "no sólo debilita el orden público y la seguridad ciudadana, sino que también debilita la democracia, el Estado de Derecho y las libertades de los ciudadanos".
